En el Juzgado Tercero de Paz de Santa Tecla este día se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de dos empleados de la Alcaldía de Santa Tecla, quienes son acusados del delito de Apropiación Indebida de Cuotas Sindicales, los hechos vienen ocurriendo desde el año 2017, afectando a 190 trabajadores.
Los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) dijeron que han solicitado la instrucción formal con detención provisional en contra de los Tesoreros Municipales Mario Hernández y Cristina Guardado. El monto de las cuotas que fueron apropiadas indebidamente, asciende a más de 21 mil dólares, dijeron fuentes fiscales, las cuales explicaron que tienen pruebas documentales en el caso.
“A través de la recopilación de prueba documental, queda determinado responsabilidad para ellos, una apropiación o retención, podemos asegurar que es ilegal, en este momento, ya que no ha tenido ninguna orden judicial de retenerse, no ha tenido instrucción del señor Alcalde y tampoco se ha ventilado como un acuerdo municipal”, indicó el Fiscal del caso.
Según el profesional, los hechos ocurrieron desde el mes de octubre y noviembre del año 2017 a la fecha. Son cuotas sindicales de los trabajadores de la comuna afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Santa Tecla (SITRAMSAT) y que deben entregarse a la junta directiva de esta.
Este mismo día, la FGR solicitó el sobreseimiento definitivo en favor del Alcalde Roberto D’aubuisson, en un segundo caso de actos arbitrarios ya que los hechos por los cuales era investigado el funcionario no pudieron establecerse.
D’aubuisson aseguró en su momento que la junta directiva de SITRAMSAT fue electa de forma fraudulenta. Sin embargo, el Ministerio Público comprobó que están legalmente inscritas y reconocidas en el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo.
Al final de la audiencia, la Jueza 3ro de Paz determinó no ha lugar al sobreseimiento definitivo solicitado a favor del jefe municipal y ordenó que el proceso en su contra continúe sin ninguna medida cautelar.
Mientras que para Hernández y Guardado, ordenó la instrucción formal del proceso sin la aplicación de ninguna medad cautelar, es decir el caso pasara a conocimiento de una Juzgado de Instrucción de este mismo municipio.
En las afueras del Centro Judicial de Santa Tecla, desde tempranas horas, se concentró un grupo de sindicalistas para pedir justicia por el caso, Jaime Ávalos dio la posición del sindicato.
“Estamos exigiendo al Juez Tercero de Paz una sentencia favorable, a los trabajadores se les ha robado la cuota sindical desde el 2017; esto es penado de seis meses a doce años de cárcel”, indicó.
