Este día se llevó acabo la audiencia en la Corte Suprema de Estados Unidos (EEUU) por la cancelación del Programa DACA por parte de la administración Trump.
Tanto el gobierno estadounidense y los demandantes (dreamers), como las organizaciones y distritos que los defienden, presentaron sus alegatos, de lo cual el máximo tribunal emitirá su fallo hasta junio del próximo año.
Los magistrados escucharon los argumentos a favor y en contra sobre la decisión del presidente Donald Trump de acabar con DACA, que llegó a su terminación en septiembre de 2017, pero fue parcialmente revertida por un tribunal federal, lo que generó que conociera la suprema corte; por el momento miles de inmigrantes penden de lo que dirima esta instancia.
DACA (La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (en inglés: Deferred Action for Childhood Arrivals)) fue creado en 2012 por el presidente Barack Obama para proteger a quienes llegaron siendo menores de edad a EEUU, con un permiso de trabajo renovable y la protección de la deportación.
El presidente Trump decidió terminarlo porque considera que su antecesor se excedió al tomar una decisión en temas migratorios, siendo esa una potestad del Congreso.
Entre los argumentos de transcripción de la sesión que se llevó acabo en la Corte Suprema de Justicia, según medios nacionales de Estados Unidos, encontramos:
«En 2017, el Quinto Circuito sostuvo que DAPA (programa que buscaba ofrecer un amparo temporal a la deportación de indocumentados padres de residentes legales o ciudadanos estadounidenses) y la expansión de DACA probablemente eran ilegales, una sentencia que este Tribunal afirmó igualmente dividido. Frente a esas decisiones, el Departamento de Seguridad Nacional determinó razonablemente que ya no deseaba retener la política de DACA basándose en su creencia de que la política era ilegal, sus serias dudas sobre su ilegalidad», indicó Francisco a la Corte Suprema según la trascripción de la sesión.
“La finalización de DACA por el gobierno disparó abruptas, tangibles y adversas consecuencias y sustanciales interrupciones en las vidas de 700,000 individuos, sus familias, empleadores y Fuerzas Armadas. La decisión requería que el gobierno aportara una precisa, razonada, racional y legalmente sana explicación. Falló absolutamente en hacerlo, aportando solo la inexplicada aseveración de que él no tenía discrecionalidad sobre DACA porque era un ejercicio de autoridad inconstitucional por parte de la rama ejecutiva. La decisión derogó cinco años de aplicación de la política e acción diferida que había permitido a los beneficiarios de DACA bajo otras leyes y regulaciones no contestadas aplicar para autorización de empleo, buscar licencias de conducir y otros beneficios. Su reversión abrupta removió una condición precedente a esos derechos y expuso a los beneficiarios de DACA y a sus empleadores a inmediatas potenciales medidas coercitivas del gobierno”, dijo Olson en su declaración de apertura.
