Federico Paredes y César Alvarado enfrentan audiencia por supuesta venta de terreno del IPSFA que nunca entregaron.

Fotografía: DEM

El Juzgado 2° de Instrucción de Santa Tecla instaló la audiencia preliminar contra Carlos Federico Paredes Castillo y César Augusto Alvarado Reyes, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) acusa de estafa agravada en perjuicio de tres víctimas.

A la diligencia fueron convocados tanto los imputados como a las partes procesales, para que comparezcan a la audiencia.

Según el proceso judicial supuestamente Paredes Castillo y Alvarado Reyes, cobraron por varios lotes de una empresa identificada como Lomas de Santa Elena que le pertenecían al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).

Los imputados eran los representantes de la sociedad que comercializó los terrenos, según las investigaciones. Las víctimas en el caso aseguran que Paredes Castillo, exdirector del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA) durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, y Alvarado Reyes, les cobraron aproximadamente $700,000 por 26 lotes que no fueron entregados en su totalidad, aun pese a los contratos de compromiso de venta que se firmaron.

Según la Fiscalía, el hecho por el que es procesado Paredes Castillo ocurrió en 2008, en una lotificación que estaba ubicada en el municipio de Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán y en el caso se mencionan a tres personas como víctimas.

El juzgado de instrucción programó la realización de esta audiencia luego que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinó que no podía anular el proceso como lo solicitó la defensa del funcionario, cuando se presentó la respectiva apelación ante dicha instancia superior judicial, con dicho recurso los abogados defensores buscaba que la Sala revirtiera la decisión de la Cámara de lo Penal de la 4ta Sección de Centro de Santa Tecla, que anuló la decisión del juez Segundo de Instrucción que había sobreseído definitivamente a ambos procesados, tras considerar que ya estaba vencido el plazo de ocho años para juzgar el delito.

La audiencia se encuentra en desarrollo.