Dudas judiciales ha generado la condena de 12 años de cárcel contra el ex Ministro de Obras Públicas, Jorge Isidoro Nieto, de la gestión de Elías Antonio Saca (2004-2009), por irregularidades en la construcción del Tramo II del Boulevard Diego de Holguín, hoy Monseñor Romero.
El Tribunal 5° de Sentencia de San Salvador, definió que Nieto cometió Peculado Doloso, además, fue condenado a una responsabilidad civil de 12 millones 984 mil 953.52 dólares.
La defensa del ex ministro estableció que no había suficientes elementos que indicaran que Nieto actuó en contra del Estado. No obstante, un nombre sonó durante la lectura del fallo: David Gutiérrez, ex titular de Obras Públicas del año 2005 al 2006, quien bajo su tutela, el MOP suscribió el contrato de la sociedad conjunta COPRECA-Linares, modificando el proyecto, que invadía parte de la reserva forestal de la Finca El Espino, sin contar con previa autorización.
Gutiérrez “no debió abrir a licitación pública de la obra porque el contrato de préstamo exigía que para la entrega del primer desembolso, el MOP tuviera los derechos de vía del tramo donde se construiría el Bulevar, además se debió respetar el estudio de factibilidad para la Construcción del Bulevar presentando un diseño original, éste no invadía la reserva forestal”, señaló el juez de la causa.
Esto forma parte del requerimiento fiscal, que se llevó al Juzgado, sin embargo, una acusación contra Gutiérrez, no fue valorado por la representación ministerial.
Fueron los mismos jueces, quienes definieron que Copreca-Linares no tenía la capacidad técnica ni financiera para ejecutar la obra. Hasta el punto de decir que la Fiscalía de ese entonces (dirigida por Luis Martínez) “incidió para que el señor [David Gutiérrez] no se procesara”.
Para el Juzgado, Nieto recibió en 2007 el MOP, con serios problemas de ejecución de la obra, y aunque sabía de la situación, concedió la prórroga a favor de Copreca-Linares, que vencía en siete meses, es decir, en Octubre de ese año.
Posteriormente, el MOP ordenó suspender la obra, por incumplimiento de la empresa y fueron a pedir a la Corte de Cuentas de la República y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la no objeción de modificar el contrato, para llevarlo a un proceso arbitral.
La forma de pago se modificó en el sentido que ya no se reclamaba el 90 % el trabajo programado sino únicamente se presentaron estimaciones por trabajo realizados por la supervisión, se aumentaron los pesos de las partidas lo que permitía que el Asocio o Constructor cobrara nuevamente su partida ya pagada.
Pero el representante Jesús Hernández Campollo, demandó al Estado por Modificar el contrato permitiendo el arbitraje, y el Tribunal señaló todas las irregularidades cometidas en el proceso arbitral por la que se condenó al Gobierno a pagar 7 millones de dólares aproximadamente.
Además que el BCIE no controló lo que sucedía. De acuerdo con la denuncia del ex titular de Obras Públicas, Gerson Martínez (2010), hubo una malversación de un aproximado de 20 millones 570 mil dólares, entre el periodo del 2007 al 2009, en la Construcción del Boulevard.
Para el abogado defensor de Nieto, Edgar Morales Joya, el Tribunal analizó la participación de Gutiérrez en la trama, y le hizo ver a la Fiscalía que hubo una omisión de su parte, “la mayoría de los problemas que se originan en la Diego de Holguín se hicieron en la época de él [Gutiérrez] así lo dice el tribunal”.
“Hay otra circunstancia, en el proceso declaró una fiscal que había sido asignada al arbitraje, pero que fue sacada del proceso por orden superior, y da el nombre de la jefe fiscal. Entonces el tribunal dice ¿Por qué la FGR no investigó la razón de haber excluido a esta persona?”, cuestionó el abogado.
Morales se refiere a la Fiscal Ana Cecilia Galindo Santamaría, quien fue separada en el año 2008, es decir, un año después del arbitraje. “Tuvo un impacto tal, que la Fiscalía ya no estaba en control del arbitraje”, señaló.
El caso también llamó la atención del actual jefe del Ministerio Público, Raúl Melara:
“He pedido un informe detallado a la unidad especializada, porque yo estoy plenamente convencido que hay personas que no fueron procesadas ni investigadas en su momento, hay que ver cuál es el resultado que arroja ese informe, para proceder como la ley exige”.
Aunque el Fiscal General no quiso apuntar nombres de personas, dejó entrever que podría ser verificada la licitación del Tramo I del Boulevard.