En septiembre de 2010, la MS fraguó un paro nacional al transporte público de quince días, como una medida de presión al Gobierno del ex Presidente Mauricio Funes por no cumplir “compromisos” emanados de los acuerdos antes de asumir el mandato, según se recoge en las declaraciones del testigo Noé, del caso conocido como Operación Cuscatlán.
De acuerdo con el testimonio que brindó a la Fiscalía General de la República (FGR), Noé supo de la “nueva orden” por una conferencia telefónica entre los cabecillas Élmer Canales Rivera, alias «Crock» de Hollywood, recluido en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca y pandilleros de la MS-13 del penal de Ciudad Barrios, en aquel año.
El paro fue ejecutado en coordinación con pandilleros de las dos facciones de la 18 “porque el Gobierno incumplió los acuerdos tomados previamente entre la Mara Salvatrucha y pandilla 18 (…) para que Mauricio Funes llegara al poder», reza la declaración del criteriado.
Un pandillero de nombre Dany Balmore Romero, a quien las tres pandillas nombraron vocero de los delincuentes, leyó días después del paro un comunicado que indicaba que la medida fue tomada porque estaban en contra de la Ley de Proscripción de Pandillas, y pedían a Funes vetar la moción.
Fue hasta 2012 que las pandillas “le dieron una segunda oportunidad” al Gobierno de Funes, pero tenían demandas: reducir 10 % las condenas de los terroristas, otorgar más tiempo para estar en el patio, y traslados a penales de menor rigurosidad.
La FGR plasmó en informe, que algunas demandas, sí las cumplió el Ejecutivo en aquel año, sin detallar cuáles; en 2013, la tregua entre pandillas se concretó, y ambas estructuras no matarían.
