La Fiscalía General de la República (FGR) presentó esta mañana ante el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador requerimiento penal contra Sigifredo Ochoa Pérez, en su calidad de Embajador en Honduras, por peculado.
También figuran como imputados Walter Alfredo Amaya Escalante, Ministro Consejero en la misma sede diplomática y Soledad Funes Donaire de Ramírez, por Complicidad en el mismo ilícito, esta última de nacionalidad hondureña.
Según el requerimiento, en el año 2005 se suscribieron dos contratos de arrendamiento de las oficinas diplomáticas de la sede salvadoreña ante la República de Honduras. “La suscripción de esos contratos existía una diferencia sustancial en el canon de arrendamiento, uno era por $2,200 dólares y otro era por $3,000 dólares, existiendo una diferencia de ochocientos dólares”, explicó el Fiscal del caso.
Las investigaciones arrojan que los ochocientos dólares, es decir el excedente del canon de arrendamiento era pagado a Pérez, y cuando se retiró como Embajador en septiembre de 2009, esos fondos fueron entregados a Amaya Escalante, por lo que se le agregará el delito de “complicidad necesaria”; mientras que Soledad Funes era la que entregaba los montos, del excedente del pago de arrendamientos.
El Ministerio Público afirmó que las transacciones se realizaron hasta el año 2016, cuando uno de los embajadores que entró, indagó el origen de los fondos, interponiendo la denuncia en el año 2018. La FGR pide instrucción formal contra los tres.
