Registradores que no reporten defunciones para depurar padrón, serán multados con $300.

Los Diputados aprobaron este jueves reformas al Código Electoral para obligar a los jefes del registro del estado familiar a asentar las partidas de defunción y enviarlas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN), en un período no mayor a 30 días hábiles siguientes al de su asentamiento, de lo contrario serán multados.

Las reformas fueron a los artículos 28, 29, 30 y 253, en las que establece que de no cumplir ese plazo, el TSE impondrá sanción de un salario mínimo vigente del sector comercio y servicios por cada infracción.

Una vez recibidas las partidas de defunción de parte de las alcaldías, el RNPN tendrá también 30 días hábiles para informar al TSE sobre las defunciones, y aplicará igual sanción por el incumplimiento.

El mismo plazo se aplicará para informar al TSE de las sentencias ejecutoriadas que pronuncien los tribunales comunes.

El decreto estipula que una vez se reciba toda esa información, el Tribunal deberá actualizar la documentación, de no hacerlo el registrador electoral obtendrá una multa, de un salario mínimo vigente del sector comercio y servicios por infracción.

Según explicó el Diputado René Portillo Cuadra, existía dualidad sobre la obligación de las alcaldías de enviar las partidas de defunción, y era “necesario uniformar los plazos”, así como el mecanismo de envío.

“El tema fue abordado y discutido en la Comisión de Reformas Electorales, además de ser consultado con representantes de COMURES y el RNPN; creo que se deja en claro que se elimina, al menos en una parte, la mala práctica de no reportar las defunciones, para, digámoslo de otra forma, sumar padrones electorales en las elecciones”, indicó.

A finales de octubre, el Pleno emitió una disposición similar, la cual establecía un plazo de 15 días siguientes para remitir las partidas de defunción y las sentencias a las respectivas instituciones para depurar el padrón electoral, sin embargo, el presidente de la República veto el decreto por considerarlo inconstitucional.