En el primer día de la audiencia inicial contra el ex presidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes, y 11 personas más en el Juzgado 11° de Paz, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el imputado ya conocía la investigación en su contra, por medio de un escrito que el ex funcionario envió en 2017.
Según dijo el defensor de Reyes, Gustavo Huezo, fue en ese año que el político nombró a un apoderado legal, para darle seguimiento a las indagaciones de la institución, por los delitos que cometió al frente del órgano legislativo.
La aclaración surgió porque la parte defensora expuso que no tuvieron acceso al expediente en 2019, por lo que “violaban el derecho de defensa”; a lo que la representación fiscal contestó que fue el 18 de Octubre, que le dieron reserva a las investigaciones, por “claros indicios de divulgación a los imputados”.
La fiscal añadió que se manifestaban sospechas, a partir de esa fecha, porque la esposa de Reyes acudió a la FGR a conocer los señalamientos en su contra.
En el juzgado se ventilan las acusaciones de lavado de dinero, estafa, peculado, además están siendo procesados, la esposa de Reyes, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández; su hermano, René Reyes; su socio, Byron Larrazábal, Kevin Mauricio Larrazabal, Karla Beatriz Recinos y Manuel Antonio Bercián. Además tres empleados del Instituto Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) y de la Corte de Cuentas de la República (CCR).
El caso
Según expediente fiscal, Reyes y su círculo cercano lavó $6 millones 500 mil dólares; las irregularidades las determinaron movimientos bancarios sospechosos en los años 2011 al 2015, cuando era Presidente de la Asamblea.
La Fiscalía confirmó que el ex diputado del FMLN, realizó transacciones por el orden de los $781 mil 844 dólares, cuyo origen de los fondos se desconoce.
Además, sobre Reyes, Byron Larrazábal y los empleados del IPSFA, René Antonio Díaz Argueta y los empleados Delmy Beatríz Vela Jiménez y Jenny Elibeth Guadalupe Medina, son señalados en la venta y compra de cinco lotes a bajo precio, a través de la empresa TERREIN S.A de C.V. Por este caso están siendo acusados de Estafa Agravada, y a los empleados del IPSFA, se les añadió los delitos de incumplimiento de deberes.
En la audiencia, también se mencionó los 225 viajes que el ex diputado del FMLN realizó entre 2015 y 2019, cuando, posterior a su salida como legislador, presidió el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA), cuyos viáticos se los autorizaba él mismo, y estipulaba más días de las que duraba la misión oficial. Entre ambos cargos, la cantidad que peculó asciende a $302,525, de acuerdo a las investigaciones.
Este martes, la audiencia inicial continúa, y la Fiscalía solicita la detención provisional y que el caso pase a siguiente etapa.
