Decretan apertura a juicio para cuatro miembros del clan Flores Batres.

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El Juzgado 3° de Instrucción de San Salvador decretó apertura a juicio contra cuatro miembros de una familia, acusados del delito de lavado de dinero y activos.

Además, decretó sobreseimiento definitivo para otros cuatro miembros de la misma, también acusados del mismo ilícito.

Los que pasaron a juicio son Jaime Adalberto Flores Batres, Sonia Maricel Amaya Márquez, Elías Geovanny Flores Batres y María Verónica Rodríguez Rivera, no obstante, el juez dijo que había admitido la totalidad de la prueba ofrecida por las partes procesales pertinentes.

Sandra Yasmín Flores de Salvador, Rosa Delmy Amaya Márquez, Rosa Batres viuda de Flores y María Brígida Márquez, les fue otorgado el sobreseimiento definitivo.

Según la Fiscalía General de la República (FGR) esta investigación surgió el 5 de julio del 2012 luego de que Jaime Batres y Sonia Amaya fueran intervenidos por agentes en el Aeropuerto Monseñor Romero cuando viajaban con rumbo a Lima, Perú, con 196 mil 500 dólares en efectivo.

Pero fue hasta el año 2016 que fue escrutado el patrimonio de la familia, pero no fue detenido ningún miembro.

En un primer momento, el clan Flores Batres ingresaron a sus arcas $18,840,118.61 y egresos por $16,627,617.94, ese dinero, según la FGR, no pudieron justificar mediante fuentes de ingresos licitas.

Al realizar el cálculo en la fase de Instrucción, los Fiscales determinaron que la familia lavó supuestamente 12 Millones de dólares; y que entre ellos mismos se habían estado transfiriendo grandes montos de dinero para desviar la atención de las autoridades.

Por su parte la defensa de los imputados explicó que cuentan con todos los documentos que comprueban el pago de impuestos y la procedencia del dinero que lograron ganar, gracias a negocios realizados en Estado Unidos y Perú. Algo que la Fiscalía sostiene que no existen, ya que no hay informe de la tributación en Hacienda.


Jaime Flores alegó que era inversionista y que tenía una empresa en Perú donde construía un proyecto habitacional.


La familia dio parte que fue dinero ganado desde hace 30 años, en operaciones inmobiliarias y en intereses por depósitos bancarios que hicieron al país, desde los Estados Unidos.

Sin embargo, cuando la FGR realizó un proceso de allanamiento a 21 propiedades, se dieron cuenta que la familia vivía en la opulencia, un panorama que contrastaba con el de hace seis años de investigado los ingresos.