Por Arely Menjívar
El Salvador se encuentra en la posición 113 del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) del año 2019, según el último informe de Transparencia Internacional (TI), que dio a conocer este jueves la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE).
Se trata de un índice compuesto retomado por varios países en el mundo y lo integran resultados de encuestas y evaluaciones sobre corrupción efectuadas por diversas instituciones de prestigio. En ese contexto, el estudio otorga una puntuación y clasifica a los 180 países, según las percepciones sobre el grado de corrupción del sector público.
“Tuvimos un punto menos que el año 2018, cuando tuvimos 35 puntos; perdimos ocho posiciones en comparación 2018 cuando nos ubicamos en la posición 105, ahora nos ubicamos en la posición 113”, manifestó Jiovanni Fuentes del Área de Transparencia de FUNDE.
El experto explicó que El Salvador estuvo en 2012 con 38 puntos, pero en el transcurso de ese tiempo bajó sustancialmente tres escaños; el promedio global de los países es de 43 puntos.
“En nuestra opinión refleja o indica un estancamiento, no se puede ir más allá con lo que tenemos”, añadió.
Según dijo Fuentes, la falta de una aprobación de la Ley de Función Pública, una legislación en materia electoral para regular el financiamiento partidario y la pocas herramientas legales que tienen instituciones con el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), perjudican al país para que escale más posiciones en el IPC.
Además matizó en los casos de corrupción -develados por periodismo investigativo- como nepotismo, enriquecimiento ilícito y gestión de recursos del estado.
En un breve análisis, el Director de FUNDE, Roberto Rubio ejemplificó casos como el del Director de Centros Penales, Osiris Luna quien realizó dos viajes al exterior en 2019, y se negó a una solicitud que pedía que revelara la entidad que hizo el financiamiento y el costo.
“Quisiéramos expresar nuestra profunda preocupación, por el hecho de que a pesar que el Instituto (IAIP) ha resuelto tres casos emblemáticos de solicitudes de información a la Presidencia de la República, al Ministerio de Defensa y Centros Penales, se está empleando un mecanismo para evadir y dilatar estas resoluciones del máximo tribunal en materia de información”, dijo Roberto Rubio.
Rubio manifestó que casos como estos, son los que el panel de 3,000 académicos del IPC evalúa al país y refleja que El Salvador aún no avanza para combatir la corrupción.
