Ramón Villalta de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) y Eduardo Escobar de Acción Ciudadana, ambos de la Plataforma Ciudadana Electoral (PCE), consideraron como “lamentable” que los diputados no hayan logrado un consenso sobre temas como: reformas electorales, retraso en el presupuesto, Voto en el exterior, y sobre la constitucionalidad en la elección de los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El nombramiento de los magistrados, estando casi a un año de las elecciones, afectaría con una resolución que dictamine la inconstitucionalidad de la misma, indicaron, ya que pone en riesgo la organización de las elecciones, dejando una instancia sin la cabeza que la dirija, es clave y fundamental solicitar a los magistrados de la Sala de Lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) “si se van a pronunciar antes del 2021 lo hagan con la suficiente antelación para evitar someter a un estrés político las elecciones del 2021”, afirmó Villalta.
“La Sala de Lo Constitucional debería de pronunciarse con urgencia en torno a la sentencia 156/2012 ya que es la que determina si el decreto 550 cumple o no con los parámetros de la sentencia, esto estaría dando una pauta sobre la manera de como la Asamblea Legislativa debería de estar legislando”, explicó Escobar.
Según el abogado, el tribunal constitucional debe determinar con más precisión los parámetros con los que debería elaborar la ley, el órgano legislativo. El período que los Diputados tienen para aprobar otra ley es hasta el 27 de febrero.
Por otra parte, el PCE también se mostró preocupado, que los órganos Legislativo y Ejecutivo, no provean en tiempo el presupuesto extraordinario para el TSE, “hay una clara manipulación de recursos y esta situación se repite en cada elección”.
Según Escobar esta provoca una ineficiente labor del máximo tribunal electoral: “tiene un tiempo limitado para ejecutar un Plan General de Elecciones, siendo el único ente en justificar de forma detallada las asignaciones, si no se le aprueba el presupuesto, no contará con recursos necesarios, como campañas de divulgación, procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios”.
Villalta fijo que ante la carencia de reglas, presupuesto y certidumbre sobre decisiones constitucionales, abre la posibilidad de demandar a Diputados y Gobierno por incumplimiento de deberes, según lo mandata el artículo 321 del Código Penal.
