El Procurador Para la Defensa de Los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar se pronunció por la solicitud de plenaria extraordinaria emitida por el Consejo de Ministros a la Asamblea Legislativa para este domingo.
El Ejecutivo convocó a plenaria por medio del ordinal 7° del Artículo 167 de la Constitución para que autoricen el préstamo de 109 millones para la Fase III del Plan Control Territorial.
En dicho pronunciamiento Tobar expresó que debido a que el Presidente Nayib Bukele convocó a una concentración a las afueras del órgano legislativo para este domingo; empleados del Ministerio de Trabajo y Salud han denunciado que si no acuden a la cita, perderán sus empleos.
A pesar de haber solicitado una copia del Plan Control Territorial, para estudiarlo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) no ha recibido respuesta, indicó.
Sobre la solicitud constitucional del Órgano Ejecutivo, el Procurador hizo hincapié que “tal situación no constituye un elemento extraordinario, debido a que, según las estadísticas oficiales en todos los delitos (homicidios, extorsión, desaparecidos, desplazamientos forzados, entre otros) han tenido considerables reducciones, tan ampliamente publicitadas por el gobierno central”.
Según el funcionario, afirmar que existe emergencia en este tema “sería una contradicción de las autoridades de seguridad”.
“Y además después de ocho meses de escuchar sobre la existencia de un Plan de Control Territorial, el mismo aún no se conoce”.
Tobar Serrano explicó las circunstancias para facultar a una convocatoria extraordinaria: que ocurran graves violaciones a derechos humanos, se cambie la forma de gobierno, o se cambie el sistema político.
“Por lo tanto es grave, temerario e irresponsable que haga un llamado a la insurrección en el escenario descrito”, subrayó.
El procurador advirtió que ese llamado a la insurrección del Presidente Bukele “puede llevar al país a una confrontación más radical de la que ya se tiene; y más pareciere que se pretende crear condiciones parecidas a las que han ocurrido en Sur América en donde la conflictividad social ha llegado al exceso de derrumbar parlamentos cuando estos no han sido anuentes a las iniciativas de ley del Ejecutivo, con la finalidad de instaurar un nuevo parlamento a fin”.
