Ramón Villalta, Director Ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) consideró que la crisis entre la Presidencia de la República como la Asamblea Legislativa, se pudo haber evitado si la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se mostrara parte en el conflicto.
“Lamentablemente la sala actuó demasiado tarde para prevenir la situación que ahora vivimos, ellos no podían irse a descasar a sus casas viendo que el país enfrentaba una situación difícil, tampoco era necesario que interpusieran una denuncia ya que su intervención era fundamental”, afirmó.
El debate gira alrededor del préstamo de 109 millones del Plan de Control Territorial. Al no haber consenso en la Asamblea; el Consejo de Ministros invocó el artículo 167 de la Constitución, para obligar a este órgano de estado a sesionar extraordinariamente. Al encontrar negativa, el Gobierno, presidido por Nayib Bukele, ingresó al Salón Azul en compañía de la Fuerza Armada.
Aunque el mandatario advirtió a los legisladores que emitiría otra convocatoria para este domingo, la Sala de lo Constitucional frenó la anterior y esta solicitud, y ordenó al ejército abstenerse de participar en actividades que transgredan el orden público.
El represéntate de ISD enumeró las condiciones para poder hacer uso de las convocatorias extraordinarias: si esto es de interés nacional o si no se está discutiendo en el congreso.
“Este tema es parte de la agenda de la Asamblea, pero hay que reconocer que hay un retardamiento en dicha discusión y aprobación, por lo cual generó molestia en ciudadanos y el presidente, pero no aplica para hacer un llamamiento extraordinario”, remarcó.
Agregó que “para mi hubo un error técnico, yo no puedo convocar a una sesión (Plenaria) si está en pleno desarrollo”.
A pesar que no fue un hecho violento, pero si alteró el orden y generó una discusión ente los parlamentarios, Villalta dijo que se deben buscar los mecanismos del dialogo permanente y prevenir que haya momento de tensión sin llegar a momentos de crisis.
Matizó que la Fiscalía y la Sala determinen si hay falta a la ley y a la constitucionalidad por los hechos suscitados el domingo.
