Asamblea aprobó una Ley de Reconciliación en medio de críticas de sus propios diputados

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La Asamblea Legislativa, aprobó este miércoles con 44 votos, la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional.

Según se conoció en el pleno, la nueva normativa transitoria, reúne los parámetros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: garantías de acceso a la justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición para las víctimas.

A pesar que las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, expresaron su rechazo a la ley; el presidente del órgano legislativo, Mario Ponce defendió que se habían hecho cambios en algunos puntos.

La Fiscalía tendrá un plazo de 1 año para investigar un listado no mayor a 165 casos; y tendrá derecho a una prórroga de seis meses, para recabar pesquisas.

Los jueces valorarán edad, estado de salud (sin establecer rangos demográficos) para conmutar penas, y reducir una cuarta parte de la condena si los imputados confiesan los delitos, piden perdón, y colaboran con las autoridades con los restos de víctimas.

La nueva ley fue aprobada con los votos de ARENA (con tres votos en contra), PDC, algunos diputados del PCN; FMLN y GANA se abstuvo de votar, de igual manera el diputado no partidario y el legislador del CD.

El debate comenzó a partir de los tres principios que exigió el máximo tribunal constitucional.

El No Partidario, Leonardo Bonilla sentenció que darles a los jueces la facultad de conmutar penas por edad y salud de los individuos, es “ambigua”.

“Se va a aplicar el código penal vigente en el periodo de la comisión de los hechos, cuando estos crímenes no estaban contemplados y la misma ley da la facultad de que existan conmutaciones de salud y no especifica enfermedades terminales, eso quiere decir que si un victimario padece de una gripe o simula una enfermedad, podría abstraerse del cumplimiento de una pena privativa de libertad”, criticó.

Sobre las edades, dijo que “si un victimario en los años 80 cometió un crimen, ellos no tenían 6 años en esa década, eso quiere decir que la mayoría quedarían si una pena privativa de libertad y ¿eso es justicia? Para mí no”.

Mario Ponce hizo uso de la palabra para contestarle al legislador: “El juez de instrucción es el que conoce el caso y determinará la culpabilidad o inocencia de la persona señalada; el juez dirá el que le corresponde qué beneficio va a tener. Hay un juez responsable que va a imponer la sentencia, que es un juez aparte de instrucción. Y el que le dé la pena, no le dará beneficios a la persona juzgada, infórmese bien, parece que no conoce el debido proceso en instancias judiciales”.

Por otra parte, Juan José Martel, señaló que “a la ley le van a poner confidencialidad a muchos archivos de la Fuerza Armada. No va a haber justicia”.

“Al no haber una garantía de penalización real, ¿a dónde está la garantía que esto no va a volver a pasar?”, cuestionó el parlamentario. El diputado de Cambio Democrático, enfatizó que la ley no llena los parámetros por lo que el Congreso caerá en desacato por no cumplir la sentencia.

Rebeca Cervantes de GANA dijo que “tenemos involucrados haciendo las leyes”, respecto a los alcances de juzgamiento de los señalados en informes.

“Parece que las palabras justicia, verdad y reparación solo aplican a conveniencia, y cómo no va a ser así, si tenemos a ciertos involucrados haciendo las leyes. A todas luces, una ley de amnistía encubierta por colaboración, eso dice el artículo 67”, expuso.

Además hizo hincapié que no hay reparación de víctimas, ya que la ley estipula que estarán sujetos “de acuerdo a disponibilidad del Estado”.

“¿De dónde saca dinero el Estado? Del pueblo salvadoreño. Osea que el pueblo es el responsable de cargar una responsabilidad y no el victimario”, ironizó.

Julio Fabián de ARENA matizó que si bien es cierto “no todos se van a sentir cómodos con esta ley, pero nosotros debemos verificar que la mayoría de la población se sienta cómoda”, y añadió que “va a haber personas inconformes”.

“Se dice que nosotros estamos creando impunidad porque estamos inmutando la pena, pero la sentencia dice que está permitido hacerlo. No estamos creando una ley de impunidad”, sostuvo el legislador tricolor.

Anabel Belloso del FMLN puntualizó que no acompañaron la aprobación porque no expresa el interés de búsqueda de justicia por parte de las víctimas. «Creemos que es necesario propiciar espacios con todos los actores involucrados”, subrayó.

Bajo esa misma tónica, pidió al Presidente Nayib Bukele que «no haga un uso oportunista de este tema».

«Si hay un interés legítimo que dé muestras contundentes, como por ejemplo en la apertura de los archivos de la Fuerza Armada como Comandante General”.