Organizaciones critican juzgamientos en la nueva Ley de Reconciliación

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), cuestionó la Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, aprobada el pasado jueves por los Diputados de la Asamblea Legislativa.

Wola se refirió a la nueva legislación como una “ley de amnistía» para los que “cometieron crímenes de guerra a expensas de las víctimas”.

Además pidieron al Presidente Nayib Bukele vetar la nueva ley.

“Más allá del posible veto de la llamada ley de amnistía, es fundamental que el liderazgo de El Salvador traiga a la sociedad civil y a los defensores de Derechos Humanos a cualquier intento futuro de aprobar una ley de reconciliación nacional”, reza parte de un pronunciamiento en sus redes sociales.

En ese contexto pidieron a los Diputados entablar un diálogo entre organizaciones de derechos humanos y víctimas, para formular una nueva Ley.

 

Bukele manifestó en sus redes sociales que en el decreto aprobado no se cumple tres de los cuatro parámetros que definió la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En los que trata de acceso a la verdad, y justicia; y medidas de reparación de víctimas.

Acceso a la justicia

La Fiscalía General de la República (FGR) como único ente encargado, tendrá una unidad especializada de investigación de un listado no mayor a 165 casos. Y tendrá como plazo un año para evaluar los hechos denunciados.

Otro punto cuestionado, es que no podrá investigar de oficio, a menos que se presente una denuncia o si un juez ordena la investigación, con base a la querella que podrán presentar las víctimas en un juzgado local.

Los jueces podrán valorar si conmutan la pena a los condenados, bajo los preceptos de salud o edad, incluso de decretar medidas alternas a la prisión.

El rango de juzgamiento –según la ley- será entre el 1 de Enero de 1980 al 16 de enero de 1992.

Además se les dará amnistía a los que no hayan cometidos hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Acceso a la verdad

El artículo 66 establece que el imputado podrá recibir una reducción de la quinta parte de la condena si pide perdón, reconoce su grado de participación de los hechos y colabore con el esclarecimiento de los casos “y cuando fuera posible, ayude a ubicar el paradero de las víctimas o el de sus restos y ayude a ubicar pruebas de los hechos”, reza el artículo.

Además se creará un Centro de Documentación de custodia de archivos oficiales de instituciones públicas, militares y policiales, sin embargo, mantiene la reserva en aquellos archivos con esa categoría.

Según denuncias, la ley lo tuvo que prever en un principio.

Medidas de reparación

El Gobierno dispondrá de $10 millones para el 2021 para medidas de reparación de víctimas; y además podrán recibir en el presupuesto un aporte del Estado y cooperación internacional.

Birgit Gerstenberg Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en El Salvador afirmó que el contenido del decreto “tiene cláusulas que no garantizan el derecho de acceso a la justicia de las víctimas”.

“Deben ser las instituciones competentes quienes avancen proponiendo mejoras de acuerdo con los estándares internacionales y con la sentencia de la Sala de lo Constitucional”, razonó.

 

Una opinión similar expuso Antonia Urrejola de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien manifestó que no admitirían “disposiciones de amnistía y de prescripción, así como el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de dichas violaciones”.

Tutela Legal Dra. María Julia Hernández expuso que la ley no ha sido consultada con las víctimas, y por tanto invalidan su redacción.

“Su articulado constituye un ardid para dejar sin responsabilidad penal y civil a los criminales de lesa humanidad y de guerra (…) esta evasión es evidente desacato a la sentencia de inconstitucionalidad que determina que no caben los ocursos de gracia o privilegios a favor de los responsables”.

La nueva ley entraría en vigencia 60 días después de su publicación en el Diario Oficial, aunque Bukele, adelantó que la vetaría, al considerar que la normativa incumple con parámetros de verdad, reparación y justicia.

Las bancadas del FMLN, GANA y Cambio Democrático no votaron por esta propuesta, respaldada por ARENA, el PDC y PCN.


Varias investigaciones señalan que la guerra civil en El Salvador dejó unos 75.000 muertos y desaparecidos, y graves violaciones perpetradas tanto por los llamados «escuadrones de la muerte» (grupos parapoliciales o paramilitares), por el Ejército y por la guerrilla izquierdista del FMLN.