El desplazamiento forzado ocurre cuando las personas dejan sus hogares o huyen debido a diversos factores.
El perfil de la mayoría de victimas de desplazamiento forzado en El Salvador es joven, con rostro de mujer, y sigue siendo un mal silencioso que ha afectado a miles de personas, incluso a familias completas, quienes, por temor de convertirse en parte de las estadísticas de homicidios o que se atente contra sus familiares, se ven obligados a abandonar sus hogares, dejando a un lado su patrimonio obtenido a base de duro esfuerzo de años.
A dos meses que el ex presidente Salvador Sánchez Cerén finalizara su periodo, en 2019, reconoció la existencia del fenómeno. El cual ha estado presente entre la sociedad por décadas. Otros órganos de Estado que también han reconocido el desplazamiento forzado son la Asamblea Legislativa (AL) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Este último, a través de los magistrados de la Sala de lo Constitucional que hicieron hincapié en este flagelo.
Carolina Recinos, Comisionada Presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, aseguró que el Presidente Nayib Bukele está comprometido en implementar nuevos programas para proteger a las víctimas del desplazamiento forzado interno.
Y es que, una víctima de desplazamiento forzado, puede acudir a la Dirección de Atención a víctimas del Ministerio de Justicia y Seguridad pública, ubicada sobre Alameda Juan Pablo II y 17 Avenida Norte, en el centro de gobierno en San Salvador, para buscar protección y ayuda por parte del gobierno.
“El Estado debe volver hacia el control y recuperación del territorio”
Por su parte Celia Medrano, Directora Regional de Programas de Cristosal, una de las organizaciones de derechos humanos que más ha estudiado el desplazamiento forzado por violencia en El Salvador, informó que los departamentos donde más se reportan casos: Usulután, San Vicente, San Salvador y Morazán.
Cristosal, mediante el Sistema Regional de Monitoreo, contabilizó en 2019 más de 327 casos de desplazamiento forzado. Lo que representa 1,544 personas como víctimas, en su mayoría mujeres.
Medrano enfatizó que actualmente en el país no existe un adecuado programa de atención y protección de víctimas de violencia; un parámetro que se estipuló en la sentencia 411-2017 de la Sala de lo Constitucional, emitida el 13 de Julio de 2018; la cual ordenó al Estado recobrar los territorios dominados por pandillas, e implementar políticas públicas y protocolos de actuación para prevenir el desplazamiento forzado.
Además, la Sala estableció que se den medidas de protección a los que ya son desplazados y que se les garantice el retorno a sus residencias.
”La ausencia y abandono de las instancias del Estado, en las comunidades, en las localidades, en los territorios, dejó el vacío suficiente para que fuese asumido por instancias fácticas como el crimen organizado”, recordó.
En estadísticas de Cristosal, el 80% del detonante de desplazamiento forzado en El Salvador son las pandillas, y un 20 % son autores estatales es decir, acoso sistemático de elementos policiales y militares en el terreno.
Según el criminólogo, Ricardo Sosa, la mayoría de los casos son reportados en cantones, caseríos y comunidades en extrema pobreza.
El experto en temas de seguridad reconoció que durante los 9 meses de la administración Bukele, existe, hasta el mes de marzo de 2020, una disminución en los casos.
Este fenómeno no solo se caracteriza por la preocupación y el silencio de muchos salvadoreños que son víctimas, sino también en la migración forzada que emana a partir de una amenaza de la estructura criminal de la localidad. A eso hay que sumarle las faltas de oportunidades de superación.
Sosa y el Vicepresidente de la Republica, Félix Ulloa compartieron su punto de vista sobre este fenómeno.
La situación no es ajena para el Ministerio Público, ya que las tres instituciones que lo componen ejecutan programas de protección, atención y acompañamiento institucional.
Por un lado, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Miriam Aldana, aseguró que la migración forzada, es un fenómeno presente en la realidad nacional.
“La atención ha sido sistemática y diversificada, en las áreas que la procuraduría tiene como aplicación directa […] como esto era un flagelo que no estaba institucionalizado, las atenciones han sido de diversas áreas, si venían por un tema vinculado a la atención de los alimentos, entonces eran atendidos en el área de familia, y si venían por un tema legal, se atendían en área de niñez y adolescencia, si venían por un tema que radicaba en la administración de bienes se atendía en la unidad de derechos reales y personales”, explicó.
La PGR atendió en 2019, a 464 personas quienes pidieron acompañamiento institucional para acceder a programas de protección que ejecuta el Gobierno, de esta cifra se extraen los siguientes datos:
• Niñas Menores de 12 años se contabilizaron 75 casos.
• Víctimas en niños 61.
• Adolecentes mujeres 52.
• Adolecentes hombres 42
• Hombres y mujeres adultos 234 casos.
En otro espectro, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), encargada de garantizar seguridad física e integridad personal; se encargan además de buscar un espacio de refugio con organizaciones de la sociedad civil y con el Ministerio de Justicia.
En contraste, a pesar que el 9 de enero de este año, *la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno*, esta no ha sido sancionada, o vetada, por la Presidencia de la República, según expresó el titular de la PDDH, Apolonio Tobar.
En 2019, la PDDH reconoció que el desplazamiento forzado violentó tres derechos fundamentales, establecidos en la Constitución de la República:
1- El derecho a la vivienda.
2- A la libertad y seguridad.
3- Derecho a la vida e integridad.
La Fiscalía General de la República (FGR) como ente encargado de investigar y presentar acusaciones; también cuenta con un rol en el tema a cargo de la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE), a través del programa de víctimas y testigos, respecto a medidas de atención y extraordinarias.
“Dentro de las medidas extraordinarias, se encuentran el poderlas alojar en algún albergue y también las medidas de atención, como alimentación y atención psicológica; en algunas ocasiones de acuerdo a las evaluaciones las familias aceptan o no aceptan, pero también tenemos otros organismos que pueden apoyar en este esfuerzo”, acotó Guadalupe Echeverría, Directora de la Unidad Especializada para casos de personas Desaparecidas de la FGR.
La fiscal aseguró que uno de los primeros casos que conoció esta unidad, ocurrió en el cantón El Castaño, jurisdicción de Caluco, departamento de Sonsonate, en el 2016. Ahí varias familias tuvieron que abandonar sus hogares por amenazas de pandillas.
KL consultó al Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), José María Tojeira, organismo civil y académico encargado del monitoreo de diversos temas, sus valoraciones respecto al desplazamiento.
El Salvador, durante el 2018, estuvo entre los 10 países más afectados por desplazamientos forzado internos, debido a los altos niveles de violencia, inseguridad e impunidad judicial.
En nuestra investigación, a pesar que existe una política de desplazamiento forzado, y una entidad encargada de implementar protección de víctimas, aún persiste la desconfianza por parte de organizaciones, y víctimas en lo que se trata de atención.
Además, tanto ministerio público como Gobierno no cuentan con programas que contabilicen las incidencias de estos hechos; y en las zonas geográficas.
¿Hasta cuándo en El Salvador terminará el desplazamiento forzado antes de ser considerado una crisis?
Javier Ponce
Periodista de Radio Cadena YSKL
