Ante la renuncia de las cinco instituciones de la sociedad civil que formaban parte del Comité Fiscalizador de los $2 mil millones autorizados para gestión y hacer frente a la emergencia nacional, representantes de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), una de las academias integrantes por decreto legislativo, expuso las razones por las que se decidió esta salida.
De acuerdo con el decreto 608, este Comité sería el encargado de la administración de los fondos obtenidos para ser dirigidos de una forma transparente a la atención de la emergencia nacional; esto como el condicionamiento de la Asamblea Legislativa para autorizar gestionar créditos hasta un máximo de $2 mil millones.
Sin embargo, las autoridades de la UCA indicaron que este objetivo no se cumplió, ya que las decisiones de la distribución de los recursos fueron definidas unilateralmente por la parte integrante del Gobierno.
Según el Rector de la UCA, Andreu Oliva y el vicerrector y miembro directo del comité, Óscar Serrano, la renuncia se debió a ejes fundamentales basados en la «falta de transparencia» y no cumplir con las facultades que indicaba la ley en la administración de fondos.
Transferencia monetaria de $300 a las familias afectadas por emergencia
De acuerdo con la UCA, este comité fue instalado y tuvo su primera reunión el 30 de marzo; para esta fecha, ya se había anunciado la entrega de un subsidio de $300 como ayuda económica a las familias afectadas por la emergencia y las restricciones de movilidad.
En el decreto se estableció que este comité debía decidir los parámetros para efectuar esta transferencia y las características de los beneficiados; pero este programa comenzó a funcionar antes que el comité se reuniera y que hubieran llegado fondos de lo gestionado con organismos internacionales.
Por lo tanto, si el comité no tuvo participación, establecieron que se incumplía el decreto, «Se realizó sin preguntar al comité, aunque en el decreto dice que una de las funciones era aprobar este programa, características de personas y forma de entrega», dijo Oliva.
Razón por la que pidieron eliminar ese inciso del decreto, para que las instituciones solo fueran consultoras, mas no administradoras.
«Ha ocurrido con otros gastos a cuenta de estos 2 mil millones, como entrega de semillas y abonos, canastas básicas y la adecuación de hospitales sin consultarlo», destacó.
Reforma al decreto 608
Serrano, representante de la UCA en el equipo fiscalizador, expuso que en las reuniones sostenidas, se realizó una propuesta de reforma al decreto para que ellos tuvieran un papel de contraloría y no de administración; sin embargo, el que fue presentado a la Asamblea fue para reformar el artículo que se refería a la distribución de recursos, «nunca lo hablamos en el comité, ¿Dónde se decidió? No sé, pero no fue en el comité.
Asimismo, explicó que en la versión que fue presentada no se había realizado según las prioridades que había señalado el Ejecutivo en reuniones anteriores, pues solo incluía 450 millones que se habían gastado en transferencias monetarias [hubo un aumento de 50 millones a lo que se presentó en comité] y 950 millones sería utilizado para cubrir déficit fiscal del presupuesto general del Estado, «Se cambia el destino de los fondos como se había aprobado en el decreto».
Contrario a lo que, según Serrano, se planteó en las reuniones, ya que en una realizada el 22 de abril se expuso que los $2 mil millones se utilizarían para [sin definir montos]: apoyo presupuestario, atención de emergencia, transferencias monetarias, proyectos para las Micro y Pequeñas Empresas y las municipalidades, reconversión de la inversión agricultora y agropecuaria priorizando la seguridad alimentaria y reconstrucción del tejido productivo.
En una próxima reunión, estableció que expusieron la inconformidad con la propuesta presentada, pues no era la consensuada, a esta no asistieron el Secretario Privado de la Presidencia, Ernesto Castro, ni el Asesor Jurídico, Javier Argueta, «dije que no se estaban tomando las decisiones, falta de respeto, antiético y falta de transparencia, los ministros dijeron que no podían explicar, pero nos dieron la razón, pero que los que manejaban eso son los que no estaban».
«Si ya se repartieron los 2 mil para qué participaba el comité,si ya se decidió. Tuvimos voz, pero no voto porque ya estaba decidido», afirmó.
«El problema no es el comité, sino que hay decisiones que no se toman ahí, sino en otra esfera, decidimos por honradez salir», indicó Serrano.
Además, hizo énfasis en que en las reuniones se solicitaron elementos al Gobierno que no se recibieron, «No se nos presentó plan general de enfrentamiento a la pandemia, no se presentó la propuesta consensuada a la Asamblea, no se presentó propuestas de roles de las entidades participantes, sobre la distribución de financiamiento, se presentaron 7 prioridades, pero no su distribución, no se presentó lo invertido en el ramo de salud en la fase 1 [importación de casos]de los contagios ni lo estimado en fase 2 [contagios comunitarios]; tampoco sobre la decisión de propuestas de criterios para establecer montos dirigidos al Estado, no se invitó a la Corte de Cuentas para realizar auditorías».
Así también, especificó que todos estos elementos se encuentran en las actas y que esperan que el Ejecutivo las publique para que la población tenga conocimiento de su contenido, «ya que dicen que las van a publicar ahí van a ver todo».
«Sabiendo lo difícil que es trabajar con instancias no transparentes con la sociedad, tomamos la decisión de ayudar, pero fue difícil ser propositivos», añadió Serrano.
Sobre el argumento hecho por el Ejecutivo en el que renunciaron por no declarar probidad, dijo que «muestra que no tienen argumento. Me imagino que tienen la autoridad moral para decirlo, está a punto de cumplirse un año de gestión y deben hacer sus declaraciones».
«[El Gobierno] entra a un esquema de estás conmigo o contra mí, blanco o negro, cuando está el gris, el criticar no quiere decir que está en contra, sino porque también se quiere ayudar».