El Secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro, envió un informe a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa sobre los criterios utilizados para otorgar el bono de $300 a las familias afectadas por la emergencia nacional por COVID-19 y las medidas de restricción, así como las formas establecidas para su entrega.
Criterios de selección de beneficiarios
De acuerdo con el informe presentado de una página y media, la representación del Órgano Ejecutivo expresó que la base de datos utilizados para determinar los beneficiarios se formó con base al listado de subsidio al Gas Licuado de Petróleo (GLP), depurado bajo el consumo igual o menor a 199 kilowatts de energía mensual.
Así también, la depuración incluyó a las personas que, aunque cumplían con ese aspecto, poseían empleo en sector público, gozaban de pensiones, estaban suscritos al sistema de Bienestar Magisterial o cotizantes activos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), como del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
Asimismo, se excluyó a los privados de libertad de acuerdo con los datos de la Dirección General de Centros Penales; también los número de DUI de las personas que residen en el extranjero, documentos de identidad con errores de digitación o repetidos.
Formas de entrega
La Secretaría Jurídica estableció que la entrega del subsidio se realizó a través de depósitos directos en cuentas bancarias a través de la Superintendencia del Sistema Financiero, quienes se coordinaron con las agencias bancarias para definir el listado de personas seleccionadas que poseían cuentas activas.
Por otra parte, para quienes no las poseían, se contrataron servicios de instituciones bancarias de SERSAPROSA y del sistema FEDECRÉDITO.
Para acceder a la información si se era beneficiario, se solicitó a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) se habilitara un número telefónico de uso gratuito.
Por su parte, los diputados de la comisión se mostraron descontentos con el documento enviado, pues no se ofrecen los listados de las personas que lo recibieron y fueron seleccionadas, así como de las que denunciaron necesitar el subsidio.
También, los legisladores manifestaron que se deben detallar los montos utilizados en totalidad de dichas transferencias, puesto que se ajustaron los listados iniciales.
La comisión solicitó al Ejecutivo enviar nuevo informe con estas especificaciones.
