Instituciones de la sociedad civil solicitaron ser removidos del Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica, fiscalizador de los los $2 mil millones aprobados por la Asamblea Legislativa para ser gestionados por el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda.
Dicho comité era conformado por seis representantes del Gobierno, uno de la empresa privada, uno de la micro pequeña y mediana empresa, dos representantes de universidades y uno de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (Fusades).
Dentro de estas renunicaron las instituciones que no forman parte del Gobierno: la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), FUSADES, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la Cámara de Industria y Comercio de El Salvador (CAMARASAL) y la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN).
Los representantes enviaron un escrito a la Asamblea Legislativa para ser removidos de la ley emanada el 26 de marzo, el decreto 608, donde se les incorpora como parte fiscalizadora del monto mencionado. Estos fueron convocados por la Comisión de Hacienda para explicar las razones por las que desean ser removidos.
Aparentemente, debido a que no fueron incluidos en las consideraciones de reformas a este decreto que realizó el Gobierno el 24 de abril, “Esta reforma propuesta unilateralmente por el Gobierno Central, aunada a los inconvenientes del decreto original descritos antes, dejan, en la práctica, al Comité sin razón de ser, pues se le quita la competencia de la asignación de fondos, así como de definir los lineamientos y criterios para su uso”, suscriben en el documento. Entre otras acciones en las que no participaron como parte del comité.
Versión del Ejecutivo
Por su parte, el Gobierno estableció que los miembros de la empresa privada y las instituciones académicas mencionadas renunciaron a sus cargos por “rechazar ser sujetos a declaración patrimonial”.
De acuerdo con el Ejecutivo, estas instituciones no quisieron someterse a esa disposición legal.
Las auditorías sobre el manejo del fondo serían realizadas de forma externa por la Corte de Cuentas de la República (CCR) con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de El Salvador (CICIES).
Rol del Comité
El Comité, según el decreto legislativo, tendría dos facultades, una es la formulación de un Presupuesto Extraordinario en el que quedarán definidas las asignación de recursos del fondo de 1,400 millones correspondiente al Ejecutivo (70% de los $2 mil millones).
Al estar definido, se sometería al Parlamento y necesitará de 56 votos (mayoría calificada), para su aprobación.
Así también formaría los planes y programas para la recuperación y reconstrucción económica y definiría los mecanismos de auditoría; dentro de estos, el “Programa de Transferencias Monetarias”, el plan de subsidios de $300 dólares que el Ejecutivo ha anunciado para 1.5 millones de hogares afectados económicamente por la crisis del coronavirus.
Sin embargo, este comenzó a repartirse con otros fondos, que hasta el momento, se ha gastado $350 millones para su distribución, que proviene del Fondo de Protección Civil y Mitigación de Desastres (FOPROMID) y del Ejecutivo, según informes preliminares de la Corte de Cuentas.
Esto plasmaron las instituciones en el documento entregado al Congreso:
