El Ministro de Trabajo, Rolando Castro, aseveró que el decreto emitido por la Asamblea Legislativa sobre atención integral de salud y retorno de labores no tiene vigencia al no ser sancionado por la Presidencia de la República.
Por lo tanto, pidió a los empresarios y a la población a no confudirse con las disposiciones que fueron planteadas, «lo aprobado por la Asamblea no está vigente y lo más seguro es que nunca va a tener vigencia».
Castro se refirió a este decreto debido a que este trabaja una reactivación económica, la cual estará condicionada solo con un consenso entre las tres áreas del sector productivo, que son los trabajadores, los empleadores y el Gobierno; por lo tanto, no dependerá de esta normativa y reiteró que será vetada por el Presidente.
En su lugar, aseguró que se comenzará un plan de reapertura desde el 6 de junio solo si se cumple por 15 días una cuarentena absoluta que permita bajar la curva de contagios y romper con la transmisión del virus.
«Solo se podrá si apoyamos la cuarentena de estos 15 días venideros, pues permitiría hablar de reapertura», indicó.
Según el ministro, este plan podría durar alrededor de 100 días y algunos sectores podrían tardar más, pues dependerá de los protocolos que se establezcan según el estudio de los rubros que aporten mayor Producto Interno Bruto (PIB) y sean de vital necesidad.
Además, el titular de Trabajo señaló que se realizarán inspecciones en las empresas para verificar que se cumplan las disposiciones vigentes y no hagan aperturas sin estar aprobadas.
Según las autoridades gubernamentales, se basarán en la propuesta del INCAE Business School para crear el plan de reapertura.
Propuesta INCAE
Esta propuesta fue dada por la escuela de negocios al Gobierno de El Salvador y contempla un modelo de reactivación gradual de la economía a partir del 22 de mayo del presente año, la cual será consistente con la capacidad del Ejecutivo para atender las necesidades de salud y controlar eventuales brotes de contagios de COVID-19; así como de las empresas para evitar contagios, detectar casos y focos de riesgo.
Los criterios para una reapertura económica que fija la INCAE recaen en analizar las actividades productivas de mayor propensión al contagio y el riesgo del mismo en el sector de la empresa o industria, así como la densidad de población laboral de estas y si cuentan con espacios abiertos o instalaciones amplias, incluso considerar la capacidad de la actividad económica para realizar el teletrabajo.
También se debe establecer el impacto social de la fuerza laboral de cada sector y sus clientes, es decir, si está en riesgo la satisfacción de las necesidades humanas básicas que urjan de reapertura.
Además, valorar la importancia económica de los empleos en cada sector, considerando el peso relativo en el Producto Interno Bruto (PIB), peso relativo del empleo del sector en el país y potencial de exportación.
Finalmente, seleccionar cuales actividades económicas son necesarias para producir y comercializar productos.
En una primera etapa de reactivación, se continuará con el funcionamiento de sectores laborales esenciales y agrícolas autorizados a operar y se incorporarán paulatinamente sectores de la economía formal, operando a capacidad instalada parcial, indica la institución.
Los sectores que reabran deberán adoptar protocolos sanitarios ocupacionales desarrollados por los empresarios, el Ministerio de Salud y Trabajo, aprobados por el Gobierno.
«Es importante enfatizar que cada uno de los sectores que se irá reactivando por etapa, deberán de brindar transporte a aquellos trabajadores que no tengan medios de movilidad propios. Asimismo, reconociendo la importancia del sector informal, este regresará a trabajar de forma gradual bajo medidas sanitarias de distanciamiento social y para el manejo de sus productos y la protección de sus empleados y sus clientes», señala la INCAE.
