Tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acusados del delito de homicidio simple de la joven Zulma Yamileth Valencia Sisco, de 22 años en la Finca San Joaquín, del cantón Peña Blanca, de San Julián, Sonsonate, el pasado 10 de mayo.
La víctima falleció a consecuencia de un disparo de arma de fuego por parte de los agentes. La versión policial indica que Valencia, supuesta pandillera, había atacado a las autoridades cuando se encontraba reunida con parte de la estructura.
En audiencia inicial, el Juzgado de Paz de San Julián resolvió que el proceso continúe en la fase de instrucción sin otorgar medidas cautelares hacia los policías, tal como fue solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR).
Según la jueza, habían suficientes indicios que llevan a considerar que probablemente los agentes actuaron en el cumplimiento del deber.
La Fiscalía solicitó un plazo de 120 días para robustecer las pesquisas. Sin embargo, dicho plazo será o no otorgado por un Juzgado de Primera Instancia de Izalco, en Sonsonate, que es hacia donde será remitido el proceso en los próximos días.
El proceso tendrá reserva parcial, según lo establecido en el inciso segundo del Artículo 307 del Código Procesal Penal, el cual establece que “cuando miembros de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada, alumnos de la Academia Nacional de Seguridad Pública, personal de seguridad penitenciaria o personas que desempeñan labores de seguridad nacional y que realizando actividades propias de su cargo dañaren un bien jurídico, deberá guardarse la reserva de su identidad desde el momento mismo de su detención hasta que el juez competente dicte su respectiva sentencia definitiva”.
