La Presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Carmen Elena Rivas, explicó en una entrevista en un medio de comunicación sobre el proceso de fiscalización al uso del fondo público por parte del Gobierno para atender la emergencia de COVID-19.
Dicha institución entregó un informe a la Asamblea Legislativa sobre los resultados y limitantes que han tenido por parte del Ejecutivo para realizar auditorías.
Según Rivas, una de estas limitaciones fueron manifiestas por el equipo de auditores de la CCR, quienes han tenido algunos inconvenientes para acceder a la base de datos que usó el Gobierno Central para entregar los $300 de ayuda a las familias salvadoreñas que fueron afectadas por las medidas de restricción y resguardo domiciliar, dinero que fue entregado en abril a través de agencias bancarias.
En este proceso, la Corte de Cuentas indica que se destinaron $350 millones; sin embargo, hay alrededor de 100,000 personas de las que se desconoce y se tienen dudas sobre la base de datos que se utilizó para que fueran seleccionadas, lo que forma $30 millones del que no se ha encontrado el sustento de selección.
Esto debido a que en la auditoría, las intituciones gubernamentales debían esclarecer los parámetros utilizados para beneficiar a las familias afectadas, entre estos, se había mencionado la base del listado de subsidio al Gas Licuado de Petróleo y las excepciones de quienes poseían empleo en sector público, gozaban de pensiones, estaban suscritos al sistema de Bienestar Magisterial o cotizantes activos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), como del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
En este caso, estas 100,000 personas se desconoce su proceso de selección.
«El gobierno contrató dos ‘call centers’ para que atendieran a los que no salieron beneficiados con los $300 por familia, cuando no se tenían claro los criterios que se usaron para la selección», añadió Rivas.
