Por haber cumplido dos años en detención provisional sin resolver su situación jurídica; es decir, condena o absolución, el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador, ordenó que ocho de los 31 acusados en el caso denominado «Saqueo Público» continúen el proceso judicial en libertad.
Este proceso corresponde a la investigación por lavado de dinero por $351 millones en la gestión presidencial de Mauricio Funes (2009 – 2014).
Parte de estos tienen otros procesos por los que se encuentran en centros penales, razón por la que solo seis serán puestos en libertad.
Los imputados que cesaron su plazo de detención son: Luis Miguel Ángel García, Ana Elizabeth Coto, exsecretaria de Funes; Jorge Alberto Herrera Castellano, exjefe de Tesorería; Rigoberto Palacios Panameño, exjefe de contabilidad; Jorge Alfredo Rodríguez Mendoza, David Marciano Rivas, exsecretario de Comunicaciones de Casa Presidencial, por haber cumplido 24 meses de detención este 11 de junio y basado en el artículo 8 del Código Procesal Penal.
En el caso de Francisco Rodríguez Artiaga, Pablo Gómez y José Miguel Meléndez Avelar mejor conocido como Mecafé, a quienes también se les venció el plazo, no recuperarán la libertad, pues tienen otros procesos y están a la orden de otros juzgados.
Mecafé está involucrado en los casos El Chaparral y Corruptela.
Según la investigación de las autoridades, el exmandatario Mauricio Funes, junto con sus excolaboradores más cercanos de Casa Presidencial, supuestamente utilizando diversos mecanismos, programaron en el presupuesto de la presidencia la cantidad de 351 millones de dólares, equivalentes al 52% de los fondos asignados a dicho ente, para ser ejecutados como gastos reservados y así hacer pagos al proveedor ficticio “Gastos Operativos de la Presidencia de la República” y que posteriormente trasladaban fondos por medio de cheques a cuentas particulares de los imputados Francisco Rodríguez y Pablo Gómez.
Por este caso, la Fiscalía General de la República acusó a un total de 31 personas entre ellos el expresidente Mauricio Funes, sus colaboradores más cercanos, familiares y otros po el delito de lavado de dinero y activos, peculado, casos especiales de lavado de dinero y casos especiales de encubrimiento.
Los beneficiados deberán presentarse al juzgado a firmar cada 15 días, no podrán salir del país ni comunicarse con los demás imputados; así también estarán bajo la supervisión de una persona que se haga responsable para hacerlos comparecer al proceso, de lo contrario podrían incurrir en responsabilidad penal en caso que ellos no se presenten.
De acuerdo con los datos judiciales, dispusieron el dinero de manera arbitraria en beneficio propio y de terceros mediante la emisión de cheques a favor de personas naturales y jurídicas, incluyendo funcionarios públicos, traslado entre cuentas y transferencia de fondos así como pagos en efectivo destinados a compra de bienes y servicios sin relación a finalidades públicas, según la fiscalía.
En febrero pasado temrinaba el plazo para que los peritos que analizan las finanzas relacionadas con la supuesta corrupción y entregaran el informe de su estudio, prueba que sería utilizada en una audiencia de instrucción y formaría parte de la acusación formal contra los procesados; sin embargo, solicitaron un prórroga hasta junio.
Sin contar con la acusación y una respuesta jurídica contra los acusados puestos en detención, la ley establece que deben ser puestos en libertad al pasar dos años del decreo de detención provisional para realizar las investigaciones.
