Abogado: «Estamos convencidos que la documentación de 10 años de la familia de Sigfrido Reyes va a botar los argumentos de la Fiscalía»

Los abogados del ex presidente de la Asamblea Legislativa (2012-2015), Sigfrido Reyes, acudieron este lunes a la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, a presentar pruebas de descargo, por la acusación de Enriquecimiento Ilícito en contra del político.

El defensor de Reyes, Pedro Cruz, expresó que han documentado las cuentas bancarias, transacciones y operaciones financieras que realizó el ex diputado del FMLN, en su paso por el Órgano Legislativo, determinando que hay “suficiente prueba que re confirma que no existen indicios” de enriquecimiento ilícito.

“Todas las cuentas están en orden, el pago de viáticos, se realizó de conformidad con la ley, y que las demandas de la fiscalía son un cascarón que este día se empieza a romper. Sabemos que el proceso es largo (…) pero estamos convencidos que la documentación de 10 años de la familia Reyes va a botar los argumentos de la Fiscalía”, indicó Cruz.

Entre las pruebas presentadas por la defensa, se encuentran los historiales financieros y patrimoniales y el peritaje a la familia, que incluye abonos de recibos y tarjetas de créditos.

Con base a un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Fiscalía General de la República (FGR), tiene reparos contra el ex legislador, por un monto de $459,714 dólares, que no pudo justificar al salir del cargo.

La acusación también va dirigida a la esposa, Susy Guadalupe Rodríguez Hernández (por $12,000 en depósitos), y a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez (por $750 dólares en compra de un vehículo).

En total, son ocho irregularidades que consisten en depósitos bancarios, inversión en compras de vehículos y adquisición de inmuebles en venta, y un manejo irregular en viáticos, que recibía para viajar, como presidente del legislativo.

La demanda abarca los periodos 2006-2009, 2009-2012 y 2012-2015, cuando Reyes fungió como parlamentario. 

Este proceso de carácter civil no conlleva cárcel, sino inhabilitación de 10 años para fungir como funcionario y la devolución del dinero no justificado en caso de que se declare culpable a Reyes.

Cruz dijo a la prensa, que pedirán que el ministerio público desista de la acusación o se «expondrá a hacer el ridiculo judicial perdiendo el caso».