Ocho asociaciones de abogados emitieron un pronunciamiento, en el cual, exponen a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que el Gobierno de El Salvador, “volvió” a incumplir una sentencia emitida por esta instancia en relación al Decreto Ejecutivo 31, promulgado este domingo.
“En la sentencia de inconstitucionalidad 21-2020 acumulada, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucionales, entre otros varios decretos Ejecutivos emitidos por el Ministro de Salud, en el marco de la pandemia por el virus COVID-19, pues la limitación, suspensión y pérdida de derechos fundamentales o de los servicios públicos que sean esenciales para su ejercicio es materia reservada al legislador constituyente, según el caso”, indicaron en el pronunciamiento.
En ese sentido, manifiestan que con el Decreto 31 “no producirán efecto jurídico constitucional alguno”, puesto que los magistrados constitucionales advirtieron en sentencia, que el Ejecutivo no puede replicar nuevos instrumentos con aspectos señalados como inconstitucionales.
“Este decreto, prohíbe realizar ciertas actividades económicas en determinados períodos y ordena que permanezcan en su lugar de residencia las personas que no ejerzan las actividades que expresamente se autorizan ahí (…) aunque son necesarias para proteger la salud, se traducen en una restricción a los derechos constitucionales a la libre circulación y a la libertad económica”, aseveran.
La normativa, denominada «Lineamientos generales para adopción de medidas sanitarias en la reanudación de actividades de los sectores público y privado», buscará regular en cinco fases las actividades económicas, laborales, administrativas y sociales, tanto en el sector público como el privado.
Este es el principal cuerpo normativo que regulará la apertura económica, tras la cuarentena de 82 días.
Dicho documento, tendrá vigencia hasta el 20 de agosto de 2020, y estará sujeto a evaluaciones periódicas del Ministerio de Salud, acorde al avance de la emergencia sanitaria.
Acción Ciudadana, el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC), el Movimiento Libertad, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), la Fundación Democracia Transparencia y Justicia (DTJ) y la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) piden a la Sala ejecutar lo juzgado.