Con 74 votos, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma al decreto 608 de la autorización de la gestión de los $2 mil millones para atender la pandemia de COVID-19, referido a la integración de los Comité del Fondo de Emergencia.
De acuerdo con la reforma, serán dos comité y ya no solo uno; el primero será el gubernamental, el cual será coordinado por una persona nombrada por el Presidente de la República y cinco ministros, estos serán los de Salud, Hacienda, Economía, Obras Públicas y Turismo; este se encargará de la ejecución de los fondos públicos provinientes de los $2 mil millones y deberán presentar al Congreso el presupuesto extraordinario relativo a estos recursos.
Por otra parte, la esencia de la reforma se encuentra en la formación de un segundo comité denominado de seguimiento y veeduría ciudadana, que se encargará de dar tutela a la transparencia, administración y ejecución de recursos, así también rendirá informes mensuales al Parlamento y a la ciudadanía a través de medios de comunicación. Ninguna información sobre este fondo será de carácter reservado.
Este será conformado por un representante de las siguientes instituciones: Universidad de El Salvador (UES), Fundación para el Desarrollo (FUNDE), la Universidad Francisco Gavidia (UFG), el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y la Asociación de Auditores Independientes de El Salvador (AIDES). En su primera reunión nombrarán a un coordinador.
Además, contarán con un representante del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) o de organismos que consideren pertinentes.
Los representantes no deberán de rendir informes de probidad, afirmaron los diputados.
En sus reuniones podrán preparar su reglamento interno de trabajo, definir el papel de los miembros, así como una guía sobre información que deberá proporcionar al Gobierno sobre la forma en que trabajarán.
Asimismo, este comité deberá informar sobre tres aspectos, si se cumplieron con todas las leyes en el uso del fondo público, si se incumplió con algunos aspectos, o si hubo acciones no permitidas por las normativas salvadoreñas, para lo que darán aviso a la Asamblea, a la Corte de Cuentas de la República y a la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con los legisladores, la integración de este comité permitirá la aprobación de los préstamos para la atención de la pandemia de COVID-19.
