Diputados solicitan informes sobre casos de corrupción que investiga la CICIES y la FGR

«Para ver si está operando, si ha hecho algo, si realmente funciona», aseveró el diputado Rodolfo Parker sobre la petición a la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer los casos de corrupción que la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIES) está investigando.

Asimismo, Norman Quijano añadió que se debe solicitar esta misma información sobre los casos en los que la ha actuado de oficio; haciendo mención a las contrataciones en el marco de la pandemia como las supuestas compras a una empresa ligada con el ahora exfuncionario Jorge «Koky» Aguilar.

«Se ha hablado de la contratación a empresas que para la terracería del hospital de CIFCO que eran 1.3 millones más caras, se ha hablado de ANDA y sobre el viceministro de ingresos de Hacienda», señaló Quijano sobre «ejemplos» en los que se debe conocer si las dos instituciones han comenzado investigaciones.

La petición de este informe a la FGR se realizó en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa al discutirse un expediente que contiene la creación de una Ley Macro para la CICIES donde se firme un convenio con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Este iniciativa fue de la organización Cristosal y respaldada por el diputado no partidario, Leonardo Bonilla, con el propósito que la CICIES tenga autonomía para realizar las investigaciones, ya que aseguran que tiene «capacidades limitadas de competencia y autonomía para investigar efectivamente la corrupción y combatir la impunidad debido a que está supeditada al Órgano Ejecutivo».

«Se ve como una alternativa contar con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas puesto que se podrá contar con una CICIES cuya competencia sea el monitoreo y la investigación de casos de corrupción a través de un mecanismo autónomo, independiente y legítimo de control del uso de los recursos públicos nacionales», añadieron en la iniciativa de ley.

Por lo que con esta, la CICIES podrá tener las siguientes funciones:

a) Determinar la existencia de redes político-económicas ilícitas, su estructura, formas de operar, fuentes de financiamiento y posible vinculación con entidades o agentes del Estado y otros sectores que atenten contra los derechos humanos, civiles y políticos en El Salvador;

b) Colaborar con el Estado en la desarticulación de los redes político-económicas ilícitas y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes;

c) Recomendar al Estado la adopción de políticas públicas para erradicar las redes mencionadas y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin.

d) Establecer un observatorio ciudadano de la justicia, que contará con representación amplia de sociedad civil organizada y otros colectivos sociales, destinado al monitoreo de su función, recolección de insumos y datos de realidad sobre la impunidad en el país, así como definir estrategias conjuntas de trabajo en la materia.

La CICIES actuará con absoluta independencia funcional en el desempeño de su mandato, indica el documento.