Revocan sobreseimiento de publicistas y miembros del OIE vinculados a red de lavado en la presidencia Saca

Al menos diez acusados de delitos de corrupción, vinculados a una red gubernamental dirigida por el ex presidente Elías Antonio Saca (2004-2009), volverán a tribunales, luego que la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro ordenó un nuevo proceso judicial.

El caso, conocido como “Destape a la Corrupción II”, implica a la ex primera dama y esposa de Saca, Ana Ligia Mixco Sol, su hermano Óscar Edgardo Mixco Sol; José Antonio Armando Lemus Zelaya, Gerardo Antonio Funes Durán (hijo), Sonia Guadalupe Morales de Reyes, María Emma Suazo Canjura, Ángel José Montoya Morales, Oswaldo Octavio Orantes, Julio Roberto Zamora Bolaños, José Antonio Lemus Zaldívar y Milton Romeo Avilés Cruz.

Todos los imputados, acusados por Lavado de dinero y activos, con excepción de Avilés Cruz, quien pesa el delito de encubrimiento, fueron sobreseídos por el Juzgado Séptimo de Instrucción, tras una audiencia preliminar, celebrada en junio del año 2019 y cuya resolución fue conocida en septiembre.

La Cámara determinó que existen suficientes elementos de juicio sobre la existencia del delito mencionado, así como de la participación de cada uno de los imputados en los hechos atribuidos y apuntó al Juzgado que no hizo las “valoraciones apropiadas”.

“El Juez no realizó un análisis a través del cual desacreditara todos los elementos de prueba aportados por Fiscalía, es decir, todos los informes relacionados a que el Ente ‘Dirección de Proyectos’, no existió bajo la administración del ex presidente (Elías Antonio) Saca González, que los imputados no tuvieron una relación laboral ni contractual con Casa Presidencial, así como que ninguno fue autorizado por las instituciones respectivas para la apertura de cuentas bancarias para el manejo de fondos públicos, y el que hayan tenido el manejo de los fondos que ingresaron ilegítimamente a sus cuentas bancarias”.

El juez, según la Cámara, no desacreditó de forma específica el argumento de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo tanto, se sustenta que “continúan teniendo fuerza probatoria indiciaria” mientras no se acrediten como prueba en el Juicio o se descarten.

Por ello ordenó que el Juez Séptimo de Instrucción desarrolle una nueva diligencia a efecto de admitir la acusación fiscal y la prueba ofrecida.

Los imputados, entre ellos publicistas y miembros del Organismo de Inteligencia del Estado son acusados de lavar hasta 22 millones de dólares pertenecientes al presupuesto asignado a la Casa de Gobierno, durante el mandato de Saca.

La FGR mantiene la tesis que los sujetos utilizaron las agencias de publicidad para canalizar los fondos públicos y luego destinarlos –por medio de contratos de pautas- a un grupo radial propiedad de Saca.

En el caso de la ex primera dama, fue enviada a juicio en Septiembre por romper el acuerdo con la FGR, el cual consistía que recibiría un juicio abreviado cuya resolución incluía trabajo comunitario, pero a cambio de devolver los $17 millones de dólares que presuntamente lavó entre los años 2004 al 2009.

El trató culminó porque la defensa de Mixco Sol argumentó que no tenía tal suma de dinero.