Presidente de BANDESAL sobre crédito de $22 mil a pariente de funcionaria de Gobierno: «No se le dio ningún trato preferencial, fue un caso como cualquier mujer emprendedora»

Punto

«Bendita sea la prensa cuando hace bien su trabajo pero no se vale cuando se habla de conflicto de interés cuando no ha ocurrido nada de eso. Si es de transparencia, soy apasionado», dijo el Presidente del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), Juan Pablo Durán, sobre los señalamientos de una nota periodística ante el otorgamiento de un crédito de $22 mil a un miembro familiar de la funcionaria de Gobierno, Carolina Recinos.

«Ninguna ley impide no dársela porque sea hija o nieta de un funcionario, no entiendo la reverenda ignorancia del periodista», añadió.

Durán fue cuestionado sobre este tema en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa mientras se explicaba la ley de fideicomiso para recuperación económica de empresas por el impacto del COVID-19.

De acuerdo con la investigación periodística, se dio un conflicto de interés en un crédito de BANDESAL en febrero de 2020 cuando se le otorgó a Susana Elizabeth Recinos Montes un préstamo de más de $22,000 para operar la cafetería del Ministerio de Hacienda.

«Pese a que no tenía la capacidad económica para prestar ese servicio. No tenía ni el equipo ni el capital de trabajo para el proyecto. Por eso, luego de asegurar el negocio con Hacienda, la señora Recinos Montes presentó un legajo de documentos al Banco de Desarrollo de El Salvador, conocido comercialmente como Bandesal, para solicitarles un crédito del estatal Fondo de Desarrollo Económico (FDE)», indica la publicación.

Recinos Montes es hermana de la Comisionada Presidencial de Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos; así también, es hermana de un gerente de BANDESAL, Herbert Orlando Recinos Montes.

El conflicto de interés se encontraría justamente en el parentesco familiar con la funcionaria y con un trabajador del banco, ya que es una cliente considerada como Persona Expuesta Políticamente (PEP), de quien se debe exigir una diligencia ampliada y más documentación, este sería uno de los protocolos para prevenir el lavado de dinero y se levantan señales internas de alarmas.

«Invito hoy mismo a Superintendencia de Sistema Financiero y con gusto podrá conocer todo el proceso seguido y habrá satisfacción plena que no ha habido nada que pueda reñir con la ética», aseveró Durán en la Comisión Política.

Asimismo, añadió que «no se le dio ningún trato preferencial, nada, fue un caso como cualquier mujer emprendedora. Es un crédito de $22 mil a micro empresaria que fue al fondo de desarrollo económico, donde entregamos créditos a cientos de mujeres, es una de ellas que prestó $22 mil para poner un servicio de venta de comida».

La solicitud del crédito fue para un plazo de 60 meses, con un período de gracia de seis meses y una tasa de interés del 10%.

Ante esto, no se argumentó la autorizaban la operación financiera con una Persona Expuesta Políticamente.