La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió el conflicto de competencia entre la Asamblea Legislativa y la Presidencia de la República sobre el decreto legislativo que otorgaba beneficios a los trabajadores de la salud que atienden la pandemia de COVID-19, entre estos, un seguro de vida.
Según el Máximo Tribunal, el decreto legislativo es constitucional, por lo que deberá ser sancionado y publicado por el Presidente de la República, Nayib Bukele.
El decreto establecía que el Estado deberá otorgar seguros de vida al personal de salud, así también, proporcionar acceso a equipos de protección adecuados e idóneos para desarrollar sus diferentes funciones -de quienes atienden la emergencia en materia de salud.
Las medidas también incluyen la prohibición de que los profesionales de la salud utilicen solo trajes quirúrgicos o “batas verdes” y zapateras para atender a los pacientes con COVID-19, por lo que deberán utilizar equipos de protección recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS).
De acuerdo con la Sala, los elementos que fueron señalados por la Presidencia como inconstitucionales no fueron procedentes, estos se refirieron a la inobservancia al principio de equilibrio presupuestario y la violación al derecho de salud y separación de funciones de los Órganos de Estado establecidos en la Constitución.
Sin embargo, los magistrados establecieron que: “la normativa vetada no tiene carácter presupuestario, sino que establece un mandato prestacional que debe ser considerado y concretizados por el Órgano Ejecutivo en cuanto al gasto y la fuente de financiamiento respectiva en el proyecto de presupuesto general del Estado, de acuerdo con las posibilidades razonables de la situación fiscal”.
Además, “que la competencia para legislar que corresponde a la Asamblea Legislativa (…) no interfiere ni es excluyente con la competencia del Órgano Ejecutivo para formular la política nacional de salud ni obstaculiza su facultad normativa reglamentaria en dicho ámbito”.
Por lo tanto, el Presidente Bukele deberá sancionarla y publicarla para que entre en vigencia.
Este decreto número 620 fue emitido el 1 de abril, tuvo veto presidencial por inconstitucionalidad y el 23 de abril fue ratificado por la Asamblea, por lo que fue dirigido a la Sala de lo Constitucional para dirimir la controversia.
La tarde de jueves, minutos antes que la Sala publicara esta decisión judicial, el Presidente de la República anunció que el Ministro de Salud y Ministro de Hacienda llevarían al Parlamento una reforma presupuestaria para reorientar fondos para otorgar seguros de vida y pensión alimentaria a los trabajadores de la salud.
