Iglesia Católica pide a Asamblea y Gobierno ponerse de acuerdo para una ley que proteja la vida, restrinja movilidad innecesaria y regule actividades, para enfrentar pandemia

El Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas emitió un pronunciamiento en el marco de una serie de negociaciones entre la Asamblea Legislativa y el Gobierno de El Salvador para emitir, una nueva ley de suspensión de derechos constitucionales, ante la exponencial cantidad de casos de COVID-19 en el país.

El prelado hizo énfasis en que, en el país “casi 6,000 personas han contraído la enfermedad y ya más de 150 de ellas han muerto. Cada día el número es mayor, y también el número de las personas que mueren”.

“Solo el día de ayer, 27 de junio, tuvimos 210 nuevos casos de COVID-19 y murieron 10 personas a causa de esa enfermedad”, manifestó Escobar Alas.

En ese sentido pidió a los dos poderes del Estado, mediante el “diálogo positivo”: «lleguen a aprobar una ley de emergencia nacional que más convenga a todos. El país necesita urgentemente una ley que venga a salvar a la nación de una muy probable mortandad”.

Ante el aumento de casos de coronavirus, el religioso aseveró que de no haber un instrumento legal “que proteja la vida de las personas, restringiendo la movilidad innecesaria y regulando debidamente, las actividades necesarias”, puede ocurrir una “hecatombe nacional con la pérdida de muchas vidas”, si los Diputados y el Presidente de la República no concretan un acuerdo.

“Debe prevalecer el buen juicio, debe primar la vida ante cualquier otro interés. El comercio y la economía no son tan importantes, como la salud y la vida de las personas”.

En el seno del Órgano Legislativo, fue ingresado el petitorio de parte del Ejecutivo, en el cual solicita a los Diputados, un decreto de suspensión de garantías constitucionales de la libertad de reunión, libertad general de tránsito y libertad de inamovilidad de residencia y su aplicación será a nivel nacional durante 15 días.

Para analizar la propuesta, el próximo lunes 29 y martes 30 de junio, las Comisiones Política y de Salud, sostendrán un foro de consulta con autoridades del Ministerio de Salud, Seguro Social, organizaciones de abogados constitucionalistas, universidades con facultades científicas y económicas y tanques de pensamiento.