La Comisión Política inició las reuniones con distintos sectores especialistas en medicina y en leyes para considerar la viabilidad de decretar un Régimen de Excepción como fue solicitado por el Gobierno para dar atención y cortar con la propagación de COVID-19.
El régimen de excepción contempla, según la propuesta del Ejecutivo, la suspensión de tres garantías constitucionales: la libertad de circulación, libertad de reunión y libertad de cambiar o permanecer en el domicilio de cada persona.
Rogelio Canales, de la Asociación de Abogados Constitucionalistas de El Salvador, dijo estar de acuerdo con un régimen de excepción, pero este no debe ser generalizado, «el poner una legislación en todo el territorio no vale, si en mucho municipios no hay contagios, ¿para qué violentar los derechos de esa gente?»; por lo que apuntó que se debe actuar con base a zonas focalizadas y además, que se realicen planes ante una cuarentena, pues «la ley por sí misma no resuelve el asunto».
Asimismo, aclaró que «una suspensión de garantías no incurre en suspensión de la norma jurisprudencial»; es decir, que no deben haber abusos de autoridad y violación a los derechos individuales, por lo que debe regularse la aplicación de esta normativa.
Para los municipios con menor cantidad de casos pueden tomarse medidas más concretas, mencionó.
«Estamos hablando de la regulación de la pandemia, regular el desplazamiento de las personas en el ámbito de lo laboral y ver los aspectos de la apertura económica escalonada que debe darse en el país», expresó, a la vez reiteró que la cuarentena no resuelve el problema, «llevo 3 meses en cuarentena y no se ha resuelto el problema, se va agudizando, mi familia está desesperada y ahora no hay decreto, nos quedamos en casa», por lo que destacó que deben implementarse planes y políticas públicas.
