Miembros del Comité para la Defensa de los Bienes Naturales de las comunidades indígenas de los municipios de Sonsonate, Nahuizalco y Sonzacate, se concentraron en las afueras del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), para denunciar y entregar documentación de consulta y más de 2,000 firmas para el rechazo del proyecto para la construcción de una presa hidroeléctrica en el Río Sensunapán.
José Francisco Pulque Morán, afirmó que este río nutre los mantos acuíferos de los tres municipios, ubicados en el Departamento de Sonsonate, y de construirse el proyecto también repercutirá en la flora y la fauna del ecosistema.
“Queremos comunicar que tenemos 15 años de lucha, que la empresa Sensunapán S.A de C.V, ha querido o pretende hacer ese proyecto el cual va a dejar sin agua a las poblaciones que habitan en los municipios y la flora y fauna. Hacemos el llamado al Gobierno que suspenda en su totalidad este proyecto, ya conocemos qué daños causan los proyectos hidroeléctricos”, manifestó en referencia a que la zona, ya es explotada por otras siete estaciones generadoras de energía.
De acuerdo con Pulque, unas 50,000 familias que habitan en los cantones Sisimetepet y Pushtan en Nahuizalco; El Almendro, de Sonzacate; y Loma del Muerto en Sonsonate, se ven en la incertidumbre de perder el flujo del vital líquido.
Sofía Morán, también miembro del comité, aseguró que el proyecto Pequeña Central Nuevo Izalco II, ya había sido rechazado en anteriores ocasiones. “El período de consulta fue abierto hace unos días, pedimos que este se cierre definitivamente. Ya en el 2014, el Ministerio de Medio Ambiente emitió una resolución de no construcción de este proyecto”, aseveró.
La presa, aprovechará el recurso hídrico del Río Sensunapán y Grande Sonsonate, con una toma de caudal máximo de 3.7 metros cúbicos por segundo (m2/s) proyectando obtener un potencial nominal de 2.0 Megavatios (MW), en condiciones hidrológicas normales. Estimándose obtener una generación promedio anual de 12, 000,000 kwh.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), indicó que de concretarse el proyecto, los daños alcanzarán el ámbito de la salud.
“La descarga de contaminantes sobre las aguas del río, el cual sabemos está siendo ya, gravemente contaminado por otros proyectos que descargan aguas negras sobre su caudal”; además que se vulnera los derechos ambientales: “al poder ser privados de agua, alimento, y generará una grave contaminación auditiva y sobre todo en la calidad del aire”, rezan los argumentos de la organización en un pronunciamiento.
El Estudio de Impacto Ambiental, determinó que el proyecto implica un riesgo de desastre, ya que será construido en suelos que, para su uso, deberán ser cambiados de categoría.
“El desarrollo del proyecto conducirá a una impermeabilización especialmente en las zonas de las construcciones de las obras civiles” y sería un propiciador escenario para inundaciones en época de invierno.
La FESPAD denunció también que debido a los embates de la pandemia del COVID-19, las comunidades no están participando en la consulta, porque no hay transporte público, no poseen internet y mucho menos acceso a una computadora para enviar las observaciones al sitio web del MARN.
La fundación pidió a Medio Ambiente suspender por completo el período de consulta pública iniciado el 19 de junio y que finaliza el 2 de julio, al no cumplir los requisitos mínimos para su ejecución. “De lo contrario se incurriría en graves violaciones a los derechos humanos, específicamente derechos ambientales”. En el petitorio también exigen que MARN emita una resolución definitiva de cancelación de la gestión.