Los diputados de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa conocieron los informes del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI) y del Centro de Atención a Ancianos Sara Zaldívar, con relación a casos de COVID-19; sin embargo, surgieron dudas sobre los datos presentados, por lo que acordaron llamar a los representantes para una ampliación.
Asimismo, lamentaron que los funcionarios de Gobierno no asistan a las convocatorias de las comisiones legislativas, sobre todo relativo a este tema donde hubo contagios y muertes de ancianos que incluso «podrían incurrir en delito».
El parlamentario Raúl Belhtrán Bonilla, afirmó que «ya no solo los funcionarios de alto nivel, estamos hablando de la directora del centro de ancianos donde murieron 17 y 80 se contagiaron, que nadie entraba y nadie salía, ¿qué pasó? En un país serio y formal, estas cosas constituyen una falta, es delito. Tomemos una posición seria, vaya esta es la historia, esto paso».
Los legisladores acordaron convocar a los titulares del Centro de Atención a Ancianos Sara Zaldívar y del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), debido a que son dos instituciones estatales que resguardan a población vulnerable al COVID-19 y donde se reportaron cifras de contagios a pesar que quienes habitan los centros de atención no tienen permitida la salida y la propagación fue interna.
Por su parte, la presidenta de referida comisión, Elizabeth Gómez, señaló falta de transparencia por parte del Ejecutivo en el reporte de las cifras en casos de contagios en estas entidades, debido a que no puede existir subregistro donde se está en control de toda la población que los habita.
«Es importante conocer la verdad sobre lo que sucedió en el asilo, no es cierto que solo hubo 17 fallecidos y solo 80 contagiados, es parte de la falta de transparencia de los datos oficiales, no es por subregistro porque estos son lugares de resguardo del Gobierno, no podrían tener subregistro», aseveró.