La Audiencia Nacional de España concluyó la etapa de juicio contra el ex Coronel Inocente Montano por la matanza de los seis padres Jesuitas y dos colaboradoras en la Universidad Centroamericana (UCA) en noviembre y quedó visto para sentencia este miércoles.
Montano, quien fue Viceministro de Seguridad Pública, hoy de 76 años, está acusado de haber sido parte de la alta dirección de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), que ordenó la masacre en el campus de la UCA, la noche del 15 de noviembre de 1989.
En el juicio desfilaron varias confesiones, entre ellas la del ex Teniente de la FAES, Yushsy Mendoza, quien relató que desde el 13 de noviembre y en el marco de una ofensiva guerrillera comandada por el FMLN, una orden “de tomar acción” salió del Estado Mayor Conjunto (EMC) e iba dirigida a Guillermo Benavides, entonces director de la Escuela Militar (EM), en la cual, se le instruía a coordinar el operativo, que comenzó en un cateo preventivo en la casa de estudios, pero que tenía como objetivo, conocer la infraestructura interna para llevar a cabo la masacre.
Al testimonio de Mendoza se sumó el del Teniente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Luis Parada, quien relató que con conocimiento de “una fuente del Alto Mando”, el Ejército procedió a irrumpir en la UCA, bajo la premisa que los miembros de la Compañía de Jesús colaboraban con la guerrilla al punto de haberles brindado acopio.
Fue entonces que los militares entraron a los aposentos de Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el salvadoreño Joaquín López, y sus colaboradoras Elba Ramos y su hija Celina, y rociaron de balas el lugar, haciendo constar que fue producto de un enfrentamiento entre guerrilleros.
La última revelación consta en varios documentos a los que la académica Terry Karl y la investigadora Kate Doyle, tuvieron acceso, que debido a la controversia internacional que revistió el crimen, la Presidencia de la República, entonces al mando de Alfredo Cristiani, ordenó formar una Comisión de Honor, que tomaría declaración de todos los militares involucrados, incluida la de Mendoza y Parada, para después trasladarlos a la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos (CIHD), una especie de Fiscalía al interior de la FAES, que coordinaría la investigación y entonces, se lo proporcionaría al Juzgado Cuarto de Paz, que inició causa en diciembre de 1990, trece meses después de perpetrado el hecho.
Entre los testimonios de los soldados y el hallazgo de la parte pericial, coinciden en un patrón de encubrimiento entre las filas del ejército, a manos de una célula castrense que dirigía en todos los ámbitos del Alto Mando, llamada La Tandona, una promoción de la Escuela Militar del año 1966, compuesta de cuarenta oficiales, y que se acumuló por un cambio de pensum en 1963 que obligó a sus alumnos a retomar nuevos instructivos.
La Tandona, fue nombrada en el juicio como un organismo que operaba con “impunidad” y “encubrimiento”, para desarrollar operativos a su antojo y minando bajo amedrentamiento y amenazas a toda autoridad judicial que intentase sentar en el banquillo de los acusados a cualquier militar. Al menos, así lo describieron los ex fiscales de la primera diligencia en el año 90; Sidney Blanco y Henry Campos, quienes también fueron parte del juicio en España.
La tesis de la Fiscalía Ibérica gira entorno a que había un amplio conocimiento del operativo y desde la alta esfera castrense pregonaba la intención por encubrirlo; Parada mencionó que la policía de hacienda, policía nacional y de Seguridad Pública, instaló anillos de seguridad en la UCA días antes de la masacre. Aunado a que Mendoza reveló que fechas posteriores, el Alto Mando, ordenó cambiar todos los cañones de los pertrechos utilizados en la residencia de los católicos.
“Desde una orden de arriba”, cuyo interlocutor era Montano, Mendoza afirmó que el coronel dio la orden de eliminar los registros de la salida de Benavides de la Escuela Militar ese día. También el de tomar extrajudicialmente todas las declaraciones de los soldados destacados en el procedimiento.
Los testigos clave
Había una variable entre el 13 y 15 de noviembre que el Ejército no tomó en cuenta: Los soldados registraron (estudiaron) toda la infraestructura de la UCA, reconociendo a cualquier potencial testigo que pudiera observar el atentado.
El día de la masacre, el padre Martín-Baró hospedó a los esposos Jorge y Lucía Cerna en la casa 15-16 de la residencia universitaria; los soldados que hicieron el cateo el trece de noviembre no estimaron que ese habitáculo iba a ser ocupado por la pareja.
Lucía quien residía en Soyapango y era del equipo de intendentes de la UCA, le pidió a su jefe el Padre “Nachito”, como se le conocía a Martín-Baró, que le brindara un lugar dónde pasar la noche, debido a las graves dificultades económicas que atravesaba ante el recrudecimiento del conflicto.
“Le pedí si era posible que dieran posada y él me contestó que con gusto y me dijo: vente a cualquier hora aquí yo voy a estar. Esa tarde que llegamos, el padre me prestó unas colchonetas y me dijo, si quieres cualquier cosa, agua, comida, aquí hay”, relató Lucía en Audiencia española.
El testimonio de Lucía y Jorge, que se ventiló el 7 de julio en el primer día apunta a que los soldados salieron de la residencia tras protagonizar una cruenta balacera al interior del recinto; posteriormente revisaron todos los habitáculos, ignorando el 15-16, porque en su información no contemplaba que tendría ocupantes aquel fatídico día.
Lucía dijo a la judicatura que vio a hombres vestidos de camuflaje salir por el único camino que conduce a la residencia.
Mendoza, aseguró que en una serie de reuniones que sostuvo el Alto Mando en la sede del EMC, los miembros del Atlacatl fueron convocados a la EM para recoger unos uniformes, que a la postre coincidían con los que vio Lucía.
«Enemigo de la humanidad»
La fiscalía pidió 150 años de cárcel para Montano por haber participado «en la decisión, diseño o ejecución del asesinato» como parte de «una estructura paralela, al margen de la legalidad, que alteró gravemente la paz pública, provocando un estado de terror en la población».
En su alegato final el martes, la fiscalía afirmó que quedó «claramente acreditada» la participación de Montano en dicha estructura.
El abogado Manuel Ollé, representante en el juicio de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España, aseveró este miércoles que este proceso juzga «a un enemigo de la humanidad» y no a «un delincuente común».
“Y no sólo eso, la obvia y descarada forma en que se intentó encubrir, fue planificada y sistemática contra los derechos humanos. Todo lo que se ha dicho, la prueba ha sido abrumadora, Sidney Blanco, Henry Campos, Tojeira, Parada, Terry, todo mundo dijeron lo que sucedió”, enumeró.
“Eran corruptos y violadores de derechos humanos (…) tenemos dos ejemplos, se despejaron en la sala”, prosiguió.
Ollé remarcó que el poder de La Tandona “sigue y tiene sus brazos extendidos”.
“¿Por qué el señor Montano ha estado en todas las sesiones del juicio? ¿Por qué miraba a todos los que estaban declarando? Porque él desde el minuto uno sigue controlando, y ha estado en este juicio pendiente de los que declaraba a su favor, para controlar, para que no le fallen, en ese código mal entendido de silencio y de familia mafiosa”.
“Nos lo dijo Parada, que Benavides salía constantemente aquellos días del Estado Mayor, la reunión fue documentada, y concluyó en ello la Comisión de la Verdad. Cuando están reunidos en la Escuela Mayor Benavides da un paso más, y dice ‘después de esta primera reunión ha habido una segunda reunión’, lo que se llamaba la reunión pequeñita: y en esa estaba (Emilio) Ponce, (Rafael) Bustillo, (Francisco) Elena Fuentes, Montano y el señor (Juan Orlando) Zepeda. Y que Ponce, señala Benavides ‘me ha dado la orden de acabar con Ellacuría y no dejar ningún testigo y que utilicemos el Batallón Atlacatl para realizarlo”, y agregó: “El señor Montano decide, delibera, y acuerda asesinar a los Padres Jesuitas, y el señor Montano en un segundo escenario, transmite a sus secuaces de la orden de asesinato de los padres´; él, el primero de La Tandona, el más listo, el más inteligente, era Montano, Zepeda, Ponce y Elena Fuentes, era el núcleo”.
Dirigiéndose a los jueces, afirmó que su sentencia será «muy importante después de 30 años de sufrimiento», porque puede servir de «reconocimiento para las víctimas, para los padres, para Elba y Celina, pero también para el pueblo salvadoreño», además de ser «un ejemplo de justicia para toda la comunidad internacional».
La defensa
Jorge Agüero Lafora, abogado defensor de Inocente Montano, sostuvo que si bien participó en una de las cinco reuniones del 15 de noviembre, no se ha comprobado que él junto a otros oficiales, coincidieron en el encuentro donde dieron la orden para matar a Ellacuría y al resto de Jesuitas “para no dejar testigos”.
Además desestimó la declaración de Mendoza, debido a que fue acusado pero posteriormente el tribunal español cambió su denominación a testigo; “carece de valor probatorio, pues fue sacado a último momento de la vista oral. Que mantenga la declaración no quiere decir que diga la verdad, porque todo el tiempo estuvo investigado”.
“Creemos que el señor Montano no ha participado los hechos y no tenía una función que les pudiera hacer responder, en una situación hipotética, haber tomado una decisión para cometerse una omisión, pues las funciones que tenía no se lo permitían”, explicó, refiriéndose a que Montano dirigía el Viceministerio de Seguridad, una institución a la cual estaban adscritos la Policía Nacional, Policía de Hacienda y de Aduanas; y además señaló que estas correspondían al Alto Mando Militar, conformado por el Presidente de la República, Ministerio de la Defensa, Viceministerio de Defensa Nacional, Estado Mayor Conjunto y el resto de dependencias de la FAES.
“Por mucho que repitan las partes acusatorias que las funciones del viceministro eran de aspecto operativo, no es así, las funciones del viceministro de seguridad pública eran administrativas, sobre la policía, no operativas”, añadiendo el reglamento y la ley orgánica de los cuerpos de seguridad del país.
Por otro lado, también desvirtuó que La Tandona se tratase de una organización criminal porque “la jerga militar reconoce las tandas como la promoción de los graduados”. “Eran un grupo de militares que por su nombre y reconocimientos ascendían en las fuerzas armadas”, y citó el artículo 85 de la Constitución de El Salvador, que hacía referencia a que el Estado es un gobierno republicano, democrático y representativo, esto para aclarar que la FAES no era una gubernatura y estaba bajo un estamento institucional.
Agüero Lafora llamó “situación de excepcionalidad” al toque de queda impuesto entre el 12 y 13 de noviembre, como respuesta de la ofensiva hasta el tope del FMLN, ocurrida tres días antes. Y se tuvo que poner a Benavides “en un sector de responsabilidad”, junto a otros cuatro mandos del Ejército: “Se decidió por el Estado Mayor, que era el órgano con competencia operativa”.
El letrado negó que existiese premeditación para matar a Ellacuría, ya que el Ejército sabía que el religioso regresó al país el 12 de noviembre de una actividad en Europa, en vísperas del cateo, e intercambió palabras con varios coordinadores. “El cateo no se realiza para buscar a Ellacuría, porque eso ya se sabía”, repasó.
Entre sus argumentos reculó la declaración de la perito Terry Karl, quien afirmó que, mediante un cable de la CIA, se dio por hecho que pasadas las 7:00 de la noche del 15 de noviembre (y tras tres reuniones que antecedieron), se reunieron en el Estado Mayor, los miembros del Alto Mando, con la presencia de Montano y se encontraba Cristiani. Sin embargo, rebatió que no hay pruebas que en la reunión con Montano, haya sido “la detonadora” de la muerte de los Jesuitas.
“Lo único que conocemos de esa transcripción es un supuesto diario de Benavides, de la que no sabemos ni la hora, y de la que se desprende lo siguiente: que según el General Larios, el motivo principal de la reunión es que ha llegado de ponerle fin a una situación en El Salvador ya que está en juego la supervivencia del país y las fuerzas armadas, por lo tanto debemos tomar acciones definitivas contra el FMLN”, acotó.
Montano, dijo Agüero Lafora, no negó haberse reunido con Cristiani esa noche, horas antes del crimen de los sacerdotes, no obstante recalcó que en el cuaderno de Benavides, no fue mencionado. “Por los apuntes, se puede desprender que fue una reunión en la que participó el Ministro de Defensa, Fuerza Aérea, Estado Mayor y Viceministro de Defensa, todos de la rama de defensa nacional, el señor Montano no aparece en ninguna parte del documento”.
“Incluso muchas de las fuentes que utilizan, que citan documentos no se adjuntan en autos y tampoco la defensa no ha contado con esa parte, por lo cual no ha habido forma de ejercer su derecho con todas las garantías (…) la perito menciona que La Tandona es una estructura criminal, y no tenemos ni acceso a los cables que puedan contrastarlo. Los cables que hemos podido revisar, como se planteó en sala no dice mucho de lo que ella opina”, recusó Agüero.
“Sus funciones eran administrativas y no operativas, en todo caso, el garante de la administración, era el jefe del Gobierno…Cristiani”, hilvanó el jurista.
Bajo todos los argumentos, el profesional pidió a la judicatura que Montano fuera absuelto.
Montano se pronunció
Montano, que compareció en el juicio sentado en silla de ruedas y con mascarilla, un requisito por la pandemia del coronavirus, insistió este miércoles en sus palabras finales en desvincularse de los hechos.
“El juicio ha adolecido de muchos errores, técnicos, no solamente eso, si no morales”, manifestó el ex castrense aduciendo que la parte pericial y testimonial mintió “a destajo”.
“A las víctimas les deseo mi sincero pésame”, prosiguió Montano. Acto seguido rechazó la tesis que pululó a lo largo de toda la diligencia: La Tandona no era una organización criminal, sino más bien una promoción que “todos los años nos reunimos en diciembre para celebrar cumpleaños, hechos importantes”.
“Muchas versiones que se han dado del conflicto, fueron ocasionadas no por un plan preconcebido o que se tuviera intención o deseo de asesinar a los padres; yo pienso que fue un error grandísimo que cometieron los soldados y como tal no eximo de responsabilidad al Alto Mando, eximo de responsabilidad a todos los que fuimos mencionados por la Comisión de la Verdad, porque ese informe lo escribieron en la UCA. Ahí lo redactaron los asesores políticos de la UCA. Ellos hicieron ese informe donde comprometían a toda la promoción de 1966, y nos catalogaban como delincuentes, como secuestradores, como ladrones, violadores de mujeres, como asesinos vulgares; todo eso es falso”, declaró.
A consideración de Montano, Alfredo Cristiani nombró en el Alto Mando a miembros de La Tandona “porque nos tocaba ya por tiempo de servicio”.
“Estábamos cumpliendo 25 años cuando nos llamó a ser parte del gobierno y también hizo los nombramientos en base a méritos que cada uno tiene en su hoja de servicio, porque no nos conocía personalmente”, matizó.
El ex coronel apeló a que, ni en El Salvador ni en Estados Unidos, donde permaneció radicado hasta su extradición en 2017, lo acusaron penalmente.
“Lo consideraba mi amigo”
“Yo a Ellacuría lo consideraba mi amigo (…) en ciertas ocasiones, le ayudaba a sacar personas detenidas en las cárceles, pidiéndole a personas bajo mi mando que los sacaran; el caso de Sonsonate, Zacatecoluca y Usulután, yo estuve como comandante, y en algunas ocasiones capturaban sospechosos de terroristas, cuando llegó Ellacuría, acompañado del Padre Martín-Baró aduciendo que eran inocentes, le atendí”, mencionó Montano mientras sostenía que en ningún momento participó en la reunión que derivó en la masacre.
Al concluir la audiencia, se espera que el veredicto tarde en emitirse, debido a la revisión de pruebas por parte de la defensa, y los elementos aportados por Mendoza, informaron medios españoles al cierre de esta nota.
