Por tres meses (marzo, abril y mayo) los salvadoreños podían diferir los pagos mensuales de los servicios de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones bajo el decreto de Estado de Emergencia; sin embargo, se registraron denuncias de una empresa de telefonía y cable que realizó suspensiones y desconexiones de servicio en este periodo.
De acuerdo con la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), la junta de apelaciones revocó la resolución en la que pondrían una multa a la empresa Tigo por estas desconexiones.
Debido a esto, el Presidente Nayib Bukele aseguró que el Gobierno utilizará otros recursos legales para hacer respetar los acuerdos en el marco de la emergencia nacional.
Por lo tanto, la Defensoría del Consumidor anunció que iniciará de oficio un proceso contra la empresa para determinar la responsabilidad y medidas de compensación a los afectados si resulta procedente.
La institución se refirió a “desconexiones arbitrarias” y basándose en la Ley de Protección al Consumidor (LPC) establecieron dos posibles infracciones.
La primera es que las empresas tienen prohibido unilateralmente ejecutar la suspensión del contrato, podría imponerse una multa de cerca de $150,000.
Asimismo, que los proveedores deben brindar de manera continua y sin interrupciones injustificadas los servicios contratados, por lo que la falta de cumplimiento podría generar una multa de cerca de $60,000.
En el marco de la Emergencia Nacional, las empresas debían poner a disposición de sus clientes los formularios para solicitar diferir los pagos de los tres meses debido a la afectación económica por las medidas de restricción, por lo que serán elementos a evaluar por la Defensoría.
