En la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa se conoció por tercera ocasión la solicitud del Ministerio de Hacienda para una transferencia presupuestaria de $23 millones al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) por los fondos reorientados de esta cartera de Estado que fueron utilizados para la compra de granos básicos. El Ministro Pablo Anliker fue convocado la semana anterior para explicar la transferencia, pero no asistió.
Según la solicitud de la cartera de Hacienda, el MAG reorientó temporalmente los fondos «bajo el compromiso que dichas asignaciones le fueran reintegradas, puesto que de no hacerlo, se generaría un desfinanciamiento crítico para cubrir remuneraciones y otros gastos indispensables para la continuidad de la prestación de los servicios de ese ramo”.
Dentro de estos fondos se encuentran 7.7 millones destinados al pago de salarios de empleados del Ministerio, lo que fue utilizado para financiar los anticipos de contratos por la compra de granos básicos.
De acuerdo con los diputados, hay cuatro posibles ilegalidades por incumplimiento a las atribuciones del artículo 228 de la Constitución de la República y a los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica de Administración Financiera El Estado (AFI) al realizar estas transferencias presupuestarias.
La diputada Yanci Urbina enfatizó que la compra de los insumos alimentarios no estaba contemplada en el presupuesto de la cartera de Estado, razón por la que las autoridades del Ministerio no pueden hacer una transferencia y tomar fondos para la compra sin que sea autorizada por el Parlamento.
«Están incumpliendo la ley, la ley dice que no puede hacer operación si no tiene línea presupuestaria existente. Son 23 millones que pretenden de un gasto que ya hicieron, hicieron una transferencia que no fue aprobada por la Asamblea. Hacer el gasto, la modificación, lo autorizaron ellos mismos y hoy vienen a que aquí en esta comisión validemos un hecho que tiene serios requerimientos para poder avanzar. Tiene un contenido que linda con la legalidad, un potencial ilícito», indicó.
Asimismo, aseveró que el Ministerio comprometió su presupuesto, incluyendo la planilla misma, razón por la cual requieren que se incluyan los $23 millones.
Por su parte, el pedecista Rodolfo Parker, expuso que existen cuatro posibles violaciones, dos a la Constitución que son relativas al principio de legalidad y de atribuciones de los funcionarios públicos, ya que los ministros no pueden autorizar estas reorientaciones de fondos si el fin no se encuentra en el presupuesto.
La tercera posible ilegalidad es por incumplimiento a una a una sentencia de la Sala de lo Constitucional, dijo Parker, la cual es relativa a que solo la Asamblea Legislativa puede autorizar las transferencias, lo que provocaría que los contratos de compra sean de nula nulidad.
La cuarta violación seria a la Ley AFI, ya que en esta se establece que los salarios de los empleados no se pueden utilizar para otros fines.
«El ministro no es rey, sólo tiene facultades que la Constitución le da», aseveró el legislador del PDC.
Así también, cuestionó la cantidad monetaria que se habría invertido en 33,000 toneladas de maíz a los proveedores en Sinaloa, México; manifestó que la tonelada de se estima a un precio de 4,170 pesos mexicanos, lo que representa en dólares estadounidenses cerca de 6 millones en las toneladas adquiridas, «esa transacción fue de 23 millones, hay que tomar cartas en el asunto».
Parker recomendó a la comisión que se remita el expediente a la Corte de Cuentas de la República para que se estudie esta inversión e investigar el precio de estos insumos en el mercado; así también, que se entregue un informe a la Fiscalía General de la República (FGR) por las posibles ilegalidades.
Norman Quijano mencionó que el Ministro de Agricultura, Pablo Anliker, incluso podría ser interpelado por este proceso de compra y transferencias presupuestarias.
Finalmente, convocaron a Anliker a la comisión para responder las preguntas de los legisladores por este proceso, conforme a los resultados se considerará continuar conociendo el caso en la comisión, remitir a la Junta Directiva del Congreso o llevarlo a las instituciones mencionadas.
La mañana de este martes, miembros del grupo parlamentario del FMLN, presentaron en la Fiscalía General de la República, un aviso de investigación contra el MAG, por el posible cometimiento de delitos en operaciones presupuestarias y financieras.
Urbina dijo que han solicitado deducir responsabilidades. «Ya identificamos varios potenciales delitos como malversación, incumplimiento de deberes, actos arbitrarios e irresponsabilidad del manejo de fondos; hay que señalar que se identifica incumplimiento a la Constitución, del artículo 228, que establece que no puede comprometerse los fondos públicos que no estén considerados en un crédito presupuestario y la ley AFI», detalló.
A consideración del Diputado Víctor Suazo, el MAG se ha negado a publicar la información de compras y la entrega de reportes actualizados a la CCR. «Hablamos de información pública que ha sido generada, no es nueva información que se debe de brindar…».
