Diputados de distintos grupos parlamentarios se pronunciaron ante la concesión de la Lotería Nacional de Beneficencia por 20 años a un grupo israelí y aseveraron que habrían ilegalidades incluso a la Constitución de la República.
De acuerdo con los legisladores, este proceso debió pasar po licitación donde debía participar la Fiscalía General de la República (FGR), pues se trata de bienes del Estado. Asimismo, estas concesiones deben ser sometidas al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación.
Sin embargo, como eje principal, René Portillo Cuadra de ARENA estableció que esta concesión de la Lotería al sector privado va contra la misma Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia, pues «no puede estar en manos privadas».
Según el artículo 3 de referida ley, «queda prohibido su ejercicio (negocio de lotería) a cualquiera persona natural o jurídica, de Derecho Público o de Derecho Privado«.
Por lo que Portilla Cuadra mencionó que para realizar este proceso se tendría que reformar primero esta ley, lo que también debe pasar por el Congreso salvadoreño.
Por su parte, el legislador Rodolfo Parker, afirmó que “definitivamente tendría que haber habido una licitación pública previa y haber pasado por el fiscal general. No podrían haber firmado ese contrato así nada más, sin conocer el texto, pero independientemente sea contrato o acuerdo como le quieran llamar, tuvo que haber una licitación pública, porque son bienes del Estado, son activos del Estado”.
Esto haciendo referencia al inciso cuarto del artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) en el que se establece a la FGR como representante del Estado en los proceso de licitación sobre bienes inmuebles.
Así también, los parlamentarios se refirieron al proceso en general de la concesión donde debe pasar por una licitación pública, nacional o internacional; en caso que sea de iniciativa privada se deberá presentar el proyecto a ejecutar.
Posterior a esto, la Constitución de la República indica en el artículo 120 que «toda concesión que otorgue el Estado para la explotación de muelles, ferrocarriles, canales u otras obras materiales de uso público (…) deberán ser sometidas al conocimiento de la Asamblea Legislatica para su aprobación».
Es decir, al tratarse de una obra de uso público como la Lotería, se debía llevar al Parlamento.
«La Lotería no es propiedad del Ejecutivo, es del Estado, tuvo que pasar por la Asamblea, tenemos que recordar que es de beneficencia pública, no de beneficencia para el Ejecutivo (…) ¿qué van a hacer ahora con los hospitales y asilos, para todo lo que servía la lotería?, todo lo que se privatiza no es cierto que termine beneficiando a los sectores más vulnerables del país», aseveró Jorge Schafik.
Yanci Urbina manifestó que “Son bienes públicos, lo que están comprometiendo es el patrimonio; siempre que se trate de bienes públicos, debe pasar por la Asamblea Legislativa. Este Gobierno quiere disponer de los bienes públicos como si fueran patrimonio del gobernante».
