Transportistas alegan que no se sostendrán sin incremento del pasaje y la compensación económica

El sector transporte manifiesta estar a la espera de una reunión con representantes del Gobierno para acordar un protocolo formal de reinicio de labores en la fase dos de reapertura económica por el COVID-19.

De acuerdo con uno de los representante de las rutas occidentales y parte de la Mesa Nacional de Transporte, Alex Sorto, no existen las condiciones suficientes para volver a operar debido a la disminución de ingresos en la suspensión del servicio y con los protocolos de bioseguridad que indican que serán menos los usuarios del transporte colectivo.

Asimismo, destacó que esperan llegar a acuerdos con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) con relación a una agenda de ocho puntos para ser discutidos en una reunión.

Entre estos que se elabore un plan para el control de la competencia ilegal y desleal.

Sin embargo, mayor a esto, son dos peticiones referidas al tema económico, uno de ellos es el aumento a la tarifa del transporte del 50%; es decir, el que actualmente se paga $0.20, tendría un costo de $0.30.

Asimismo, un aumento del doble en la compensación económica (subsidio), que pase de $200 a $400 para microbuses y de $400 a $800 para autobuses.

El Ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, ha reiterado a la prensa que no se contempla ningún aumento a estos dos elementos.

De acuerdo con los empresarios, «para nosotros es imposible de aceptar, no nos permitiría operar».

Así también, solicitan a la Asamblea Legislativa aprobar una ampliación del plazo para otorgar el subsidio, pues venció el pasado mes de junio.

Según Sorto, también analizan interponer un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el motivo de que se haga efectivo el pago de la compensación económica de mayo y junio que no se percibió por la suspensión del transporte colectivo.

Esto se debe a que los decretos ejecutivos de cuarentena que contenían que el transporte no podía circular fueron declarados inconstitucionales y no habría base legal en tal suspensión.