Aunque la causa penal contra los implicados en el desvío de $10 millones de una cooperación de Taiwán fue anulada por la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, el Fiscal General Raúl Melara afirmó este miércoles que la causa civil continúa y buscarán reintegrar el dinero a las arcas del Estado.
Melara dijo en la entrevista Frente a Frente, que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó el lunes una demanda civil en el Juzgado Segundo de Instrucción para que se responda por la devolución de los fondos.
El 4 de julio de 2019, la Cámara anuló el proceso judicial contra los ex presidentes Elías Antonio Saca, y Francisco Guillermo Flores (fallecido). Además fueron acusados de lavado de dinero Gerardo Balzaretti, ex presidente del Centro de Estudios Políticos (CEP) José Mauricio Samayoa, ex presidente del antiguo Banco Cuscatlán (fallecido) y Juan Tennat Wright.
La exoneración fue gracias a una apelación de la defensa en la que establecían que el proceso había fenecido; sin embargo, la Cámara dictó que aunque este caso fue cerrado, la responsabilidad civil debe continuar contra los acusados.
“Pues obviamente de los imputados en el caso Taiwán si bien la acción penal se extinguió la acción civil perdura. También está involucrado el Banco Cuscatlán, que fue a través de este banco, quiero aclarar que era otra administración, no los actuales propietarios, pero heredan esa responsabilidad…fue a través de este banco que se desviaron los fondos pertinentes”, aseveró el funcionario y agregó que la demanda también va dirigida hacia el partido ARENA. Instituto político que recibió supuestamente, de la administración del ex presidente Francisco Flores, una serie de cheques provenientes de los recursos que iban destinados a los damnificados de los terremotos de 2001.
Saca, Wright y Balzaretti fueron señalados, como dirigentes de ARENA, de continuar desviando los fondos, a través de la institución financiera, que en aquel entonces era dirigida por Samayoa.
“Deberán responder civilmente por esos $10 millones (…) el reto no es sólo condenar a las personas, si no recuperar parte del dinero perdido y esa será una acción que iniciará en su momento”, enfatizó Melara.
La fiscalía también presentó el dictamen fiscal, en que solicita al juzgado decrete sobreseimiento definitivo a favor de estas personas por prescripción de la pena.
Los escritos se pondrán a disposición de las partes, según el Artículo 357 del Código Procesal Penal, para que puedan consultarlas en un plazo de cinco días hábiles, posteriormente el juzgado deberá señalar audiencia preliminar.
El caso
Estas personas fueron acusados de lavado de dinero por 10 millones de dólares que la República de China-Taiwán otorgó a El Salvador, entre octubre del año 2003 y abril del año 2004, para la ejecución de 4 proyectos los cuales no fueron ingresados ni registrados a la Secretaria Técnica del Financiamiento Externo.
Presuntamente después que el expresidente Flores recibió el donativo, en cuatro cheques, éstos fueron endosados y depositados a una cuenta a nombre de la asociación “Centros de Estudios Políticos. Dr. José Antonio Rodríguez Porth” en donde Balzaretti Kriete fungía como representante legal de la asociación.
Los abogados de los imputados presentaron después de conocer la resolución de la jueza de paz un recurso de apelación el cual fue remitido en su momento a la Cámara Segunda de lo Penal con el fin de que se declare la extinción de la acción penal y se declare el sobreseimiento definitivo a favor de los procesados.