Munguía Payés continuará proceso judicial en arresto domiciliar con una caución económica de $10,000

Medidas sustitutivas a la detención provisional fueron otorgadas al exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, procesado por los delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes por el caso conocido como Tregua entre pandillas en 2012 y 2013 durante el periodo presidencial de Mauricio Funes.

Las medidas son: arresto domiciliar con vigilancia de la Policía Nacional Civil (PNC), una caución económica de $10,000, misma que el exfuncionario y su defensa ofrecieron ante la Jueza especializada.

Según el proceso judicial, para el arresto domiciliar, Munguía Payés deberá nombrar a una persona que, bajo un juramento notarial, se responsabilizará que este cumplirá con las medidas; cada mes se entregará un informe al juzgado.

Esta mañana de miércoles, el Juzgado Especializado de Instrucción «A» de San Salvador dio la resolución luego de instalar la audiencia de imposición de medidas el martes. La situación jurídica del procesado fue definida un día después ya que se esperaba el dictamen del Instituto de Medicina Legal sobre su estado de salud, pues aseguraron que por ser mayor de edad e hipertenso, no puede ser recluído por la propagación de COVID-19.

De acuerdo con el representante de la Fiscalía General de la República (FGR), Álvaro Rodríguez, esta resolución no está ligada a la existencia de indicios, sino «por cuestiones de humanidad, por COVID-19 y por la salud de las personas, debido a una sentencia de la Sala de lo Constitucional; si no hay inconvenientes de salud, se envían a prisión, no tiene nada que ver con la prueba, es una persona de la tercer edad y tiene enfermedades que lo hacen propenso a contraer el virus».

En la lectura de resolución, la Jueza indicó que las medidas fueron otorgadas por «principios de humanidad», pues dos forenses dicataminaron que el exministro tiene crisis hipertensiva, para lo que se recomendó un tratamiento permanente; asimismo, consideró la edad del imputado.

Según la Fiscalía , el funcionario fue facilitador por su cargo, de la tregua entre pandillas, donde se habría negociado bajar los índices de homicidios a cambio de beneficios peniteniarios y económicos.