Corte de Cuentas solicitó que Agricultura permita realizar auditorías por gastos durante la pandemia

La Corte de Cuentas de la República (CCR) envió una carta al Presidente de la República, Nayib Bukele, solicitando que instruya al Ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker, a proporcionar los datos sobre gastos en el marco de la pandemia por COVID-19.

Asimismo, la entidad contralora de las finanzas del Estado notificó este percance a la Asamblea Legislativa.

A través de una carta, los tres magistrados expusieron que desde el 14 de abril detallaron en un Plan de Fiscalización de los Recursos utilizados en el Marco de la Emergencia Nacional por COVID-19, en el que contempla, entre otras líneas de acción, las auditorías al Ministerio de Agricultura y Ganadería.

La fiscalización a esta cartera de Estado comprende el Examen Especial a los Procesos de Adquisiciones, Distribución y Liquidación de la Ayuda Alimentaria para Familias en situación de vulnerabilidad, afectadas por el COVID-19; es decir, todo lo relativo a las canastas alimentarias que se entregan casa por casa.

Según la CCR, las auditorías iniciarían el 22 de mayo y se notificó al Ministro Anliker; sin embargo, hasta la fecha, el equipo auditor no se ha podido instalar en el MAG por las reiteradas solicitudes de prórroga y negativas de entregar informes.

En dos ocasiones, Agricultura pidió prórroga; los magistrados citan la última notificación que les llegó por parte de la cartera de Estado, como “no podemos apoyar a la Corte de Cuentas de la República en sus funciones de auditoría”.

La última gestión se registró el pasado 24 de julio.

“La anterior situación se considera contraria al sometimiento que todas las instituciones del sector público deben guardar respecto al Sistema Nacional de Control y Auditoría de la Gestión Pública y la facultad de acceso irrestricto a la información por parte de esta Corte”, relataron los titulares de la CCR en la carta al Congreso.

El MAG ha sido señalado por los magistrados de realizar transferencias monetarias de forma ilegal para pagar adelantos de compras de granos básicos en Sinaloa, México, por un total de $23 millones.