Cuestionan al Ministro si la presencia militar se generó por el «llamado a la insurrección por la Presidencia»

En la interpelación al Ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, por los hechos ocurridos el pasado 9 de febrero en la militarización de la Asamblea Legislativa; luego que respondió las 17 preguntas, se da el espacio de las repreguntas por los grupos parlamentarios.

En la segunda pregunta: ¿Cuál fue la base legal de la operación militar que se realizó el 9 de febrero en la Asamblea Legislativa? El Ministro respondió que el despliegue no se trató de una operación militar, sino de seguridad ordenado por el Jefe del Estado Mayor.

Sobre este aspecto, hubo repreguntas por los diputados, Lourdes Vigil de GANA cuestionó si era necesaria una gran cantidad de elementos de la Fuerza Armada ese día, tomando en cuenta la cantidad de personas se encontraban afuera y la falta de seguridad de la Asamblea Legislativa.

Merino Monroy respondió que el oficial de avanzada, subordinado al Jefe del Estado Mayor Presidencial, elaboró un plan y le indicó a éste último cómo debía ser el dispositivo de seguridad para el 9 de febrero.

Por su parte, Margarita Escobar de ARENA preguntó al Ministro si el llamado a la insurrección y la aplicación del artículo 87 de la Constitución de la República, en la que se señalaba la posibilidad de separar funcionario «donde los funcionarios éramos nosotros los diputados», motivó que hubiera esta presencia militar.

«Es una pregunta de carácter político, he venido a explicar lo que pasó técnicamente el 9 de febrero», dijo Merino Monroy.

Escobar volvió a preguntar se refirió al castrense “¿se dio cuenta que el llamado a la insurrección, el uso de la Fuerza Armada, podría ser un contexto de autogolpe? La inconstitucionalidad 62020, ordena al Presidente que se abstenga a hacer uso de la fuerza armada para motivos que no mandata la Cosntitución»

«No se ha realizado más acciones de las que mandata el decreto que faculta [protección al Presidente por el Estado Mayor]. No tenemos experiencia, jamás hemos pensado el golpe de Estado, lo que tenemos es la responsabilidad del Estado Mayor de resguardar al Presidente», respondió.

Además, el diputado Emilio Coreas hizo referencia a la declaración del Ministro sobre el dispositivo para la seguridad del Primer Mandatario, pues aseveró que el Presidente asistió en dos ocasiones anteriores al Parlamento y no fueron hechos similares.

«¿Quién iba a querer hacer daño? Afuera estaban los simpatizantes, adentro los 24 diputados, los representantes de Gobierno. No creo que alguien haya querido hacerle daño al Presidente», expuso Coreas.

Merino Monroy destacó que los protocolos los analiza el Estado Mayor.

La irrupción del Ejército en el Congreso, fue considerada como una medida de presión, siendo el resultado de una serie de enfrentamientos entre el Legislativo y la Presidencia por definir un préstamo de $109 millones para la Fase III del Plan Control Territorial, por lo que consideraron como una ruptura al esquema de diálogo entre Órganos de estado y violación al orden constitucional en el principio de independencia de poderes y el orden público.

Previo al 9 de febrero, el Presidente Nayib Bukele convocó en redes sociales a una movilización hasta el palacio legislativo para presionar a los diputados en la aprobación de este préstamo, pues los señaló de beneficiar a la delincuencia al no hacerlo.

Llegado el día, el Presidente llegó con presencia militar, entró a las instalaciones de la Asamblea, se condujo hasta el lugar del Presidente del Parlamento, dirigió unas palabras, oró y posteriormente salió.