Los $1,000 millones de colocación de bonos el pasado 9 de julio -préstamo que deberá pagar al 9.5% como tasa de interés y en un plazo de 32 años- será utilizado para dos fines, uno es el fideicomiso para la recuperación de empresas y el segundo es para la falta de financiamiento que se tenía originalmente en el presupuesto de 2020.
El Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, solicitó la asignación presupuestaria este lunes en la Comisión de Hacienda; para los casos de emisión de bonos solo se necesitan dos procedimientos en la Asamblea Legislativa, el primero es la autorización de colocarlos en el mercado internacional y el segundo es, con el recurso conseguido, incorporarlo al presupuesto.
Además, estos $1,000 millones forman parte del decreto 640, sobre recursos que se buscarían para atender los efectos económicos de la pandemia por COVID-19.
Este decreto sería repartido de esta forma: $600 millones para los tres programas del fideicomiso para la recuperación económica de las Micro, Pequeña y Mediana Empresas (MIPYME) y los $400 millones restantes se utilizarían para el pago de proveedores del Estado y para exportadores.
Sin embargo, de los $1,000 conseguidos con la colocación de bonos se repartieron en dos decretos de autorización para conseguir financiamiento, uno es el referido 640 y el segundo es el 522 que fue aprobado en diciembre 2019 que era el déficit de ingresos que se tenía previsto para el presupuesto 2020.
Por lo tanto, del decreto 640 en el marco de la pandemia solo se utilizarán $354.2 para estos tres aspectos y se asignarán así:
Fideicomiso: $150 millones que serán otorgados al Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), donde existen tres programas, para el crédito de MIPYMES se destinan $60 millones, para el subsidio a empresas para el 50% de planillas son $70 millones y para los créditos al sector informal serán $20 millones. El resto se incorporará con futuros préstamos o emisión de bonos.
Devolución de IVA a exportadores: $50 millones
Pago a proveedores del Estado: $154.2 millones; sobre este monto, el Ministro Zelaya explicó que hasta el 13 de agosto se tiene una deuda de $364 millones en este aspecto, por lo que solo se dará cobertura a una parte.
En cuanto al decreto 522, el funcionario expuso a los diputados que era un área que ya había sido aprobada, por lo que serviría para el cumplimiento de las obligaciones de Estado y cancelación de crédito puente.
Debido a que parte de esta información fue entregada este mismo lunes, los legisladores manifestaron que deberán estudiar la asignación presupuestaria para poder aprobarlo.
