La Cámara Ambiental de Segunda instancia con competencia civil y mercantil, con sede en el Centro Judicial Integrado de Santa Tecla remitió este lunes a la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el oficio que contiene el auto donde se plasma la discordia generada en audiencia preparatoria, entre los dos magistrados de Cámara encargados de la instalación de la audiencia el caso de enriquecimiento ilícito atribuido al ex ministro de Gobernación René Figueroa y su esposa Celia de Figueroa.
La discordia en mención se generó luego que los abogados de la parte demandada por Fiscalía General de la República (FGR), alegaran un defecto procesal el cual debía ser resuelto por ambos magistrados; sin embargo al no ponerse de acuerdo y no tomar una decisión unánime es necesario, según la Ley, un tercer magistrado para que dirima dicha discordia.
Sin embargo, al no poseer la Cámara Ambiental un magistrado suplente para dicho efecto, se ha librado oficio para que sea la Secretaria General de la CSJ la que a través de la Sección de acuerdos nombre un tercer magistrado.
Al ser nombrado el tercer magistrado, la audiencia se reiniciará; y este deberá escuchar a las partes procesales y dirimir dicha situación. Mientras esto sucede la audiencia, que fue instalada el 18 de agosto del presente año se mantiene suspendida hasta nuevo aviso.
El ex Ministro de Seguridad Pública y Justicia en el periodo comprendido del 01 de enero de 2007 al 31 de mayo de 2009 y su esposa enfrentan la audiencia preparatoria por enriquecimiento ilícito, esto luego que se ordenara apertura a juicio de enriquecimiento ilícito en contra del ex funcionario de gobierno.
En julio de 2019, el Ministerio Público presentó la demanda civil por enriquecimiento ilícito en contra del ex ministro de Seguridad Pública, René Figueroa, y su esposa Celia de Figueroa a quienes acusa de haberse beneficiado con un monto de $1, 028,974.50.
Según el ente fiscal son 18 las irregularidades encontradas durante la gestión del ex funcionario que estuvo al frente de una de las principales carteras Estado en los años del 2007 al 2009, durante la administración del ex presidente Antonio Saca.
Es decir, el ex ministro Figueroa deberá responder por un monto de $871,640 que habría extraído de los fondos del Estado; mientras que su esposa por $157,333.
Así también la FGR encontró pagos de tarjetas de crédito, pagos de préstamos, compras de vehículos e inmuebles.
Según se conoce, Figueroa no supo desvanecer los señalamientos hechos por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia al patrimonio familiar.
La Corte Plena lo envió a juicio civil, luego de no justificar ingresos por $300,000.
