Ministros aseguran que no se han tocado fondos intransferibles en los $23 millones que utilizó el MAG para compra de granos en Sinaloa; diputados aún cuestionan legalidad

Para explicar el uso y la solicitud de reintegro de $23 millones al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), asistió el titular del ramo, Pablo Anliker y el Ministro de Hacienda, Alejandor Zelaya, a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.

Esto referido a las transferencias internas por esa misma cantidad para pagar toneladas de metricas de granos básicos a proveedores en Sinaloa, México; procedimiento que fue cuestionado por los diputados debido a que esas operaciones solo pueden ser autorizadas por el Parlamento y no es competencia de los Ministros, pues la compra no tenía una línea presupuestaria para 2020.

De acuerdo con Anliker, con las primeras afectaciones de la pandemia de COVID-19 en la región, además de existir una crisis en equipamiento médico, también existió en productos agrícolas, pues países anunciaba el cierre de exportación de granos, como Honduras y Guatemala.

Razón por la que se buscó tener una reserva y los granos fueron adquiridos en Sinaloa, que es el mayor productor de México, según indicó el funcionario.

«Importamos el 80% de alimentos, tratamos de conseguir los mejores precios, competimos con países más grandes por estos recursos como con Venezuela […] La reserva está hecha de granos importados, si compramos localmente causamos la misma escasez y que los precios se vayan para arriba, esperamos que con la cosecha de noviembre seamos autosuficientes, pero no para consumo industrial», señaló Anliker.

Contrario a lo que se presentó en el informe de Hacienda el 26 de junio, el Ministro indicó que fue para un total de 55,000 toneladas métricas de granos y no 33,000.

La compra consistió en 1,102,000 quintales de maíz, que por unidad tiene un precio de $13.00; 85,115.17 quintales de arroz a un valor de $7.00 por unidad y 99,739.02 quintales de frijol a $65.68 unitario, manifestó el titular del MAG, asimismo, expuso que estos ingresaron entre abril y mayo.

Este fue un aspecto cuestionado por el diputado Rodolfo Parker, quien aseveró que eran datos incongruentes con los informes presentados por el Ministerio de Hacienda al Parlamento.

El Ministro cuestionó que los legisladores no conocieran estos datos, pues aseveró que se habían enviado a la comisión; sin embargo, estos documentos no fueron repartidos a los grupos parlamentarios ni dados a conocer por la secretaría y la presidencia de la Comisión de Hacienda.

A pesar que los parlamentarios dijeron que iban a estudiar las cifras, la mayor preocupación no era lo comprado, sino la legalidad en la transferencia de los fondos de forma interna y sin aprobación del Congreso, lo que sería contrario al artículo 228 de la Constitución de la República y a los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica de Administración Financiera El Estado (AFI).

Esto debido a que, además que la transferencia no fuera autorizada, se habrían utilizado fondos destinados al pago de salarios, recursos que son intransferibles.

Ante el cuestionamiento, el titular de Hacienda respondió que el presupuesto no es dinero que se obtiene tras su aprobación, sino que es un estimado de ingresos que serían percibidos en el año, por lo que remarcó que estos han caído $700 millones hasta la fecha por el impacto de la pandemia, «el salario de todos los que estamos aquí dependían de los ingresos».

Por  lo que aseveró, sin dar mayor explicación, que el recurso que fue tomado se trata de un crédito presupuestario futuro, que provenía del rubro 51 para trasladarlos al 54; dando a entender que sí existía una línea presupuestaria y el tema no se tocó como «fondos para salarios», sino como un crédito.

En el documento que solicita el reintegro de los $23 millones se indicó que fueron utilizados 7.7 millones de salarios y el resto provenía lo presupuestado para adquisiciones de bienes y servicios, así como gastos de funcionamiento; fondos que se transfirieron «bajo el compromiso que dichas asignaciones le fueran reintegradas, puesto que de no hacerlo se generaría un desfinanciamiento crítico».

Los legisladores no se mostraron con las respuestas del Ministro; «no les vamos a decir lo que ustedes quieren escuchar», les replicó Zelaya.