El 29 de agosto el Gobierno informó que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) dio el aval para conceder un paquete de financiamiento por $250 millones.
El organismo multilateral confirmó que la operación forma parte de la estrategia de financiamiento de medidas económicas y sanitarias para enfrentar la pandemia por el COVID-19.
Según el Banco regional, el préstamo tiene “el objetivo de aunar esfuerzos para la atención sanitaria provocada por la COVID-19 y su impacto a grupos vulnerables, así como la estabilidad y reactivación de la economía salvadoreña”.
El Ministerio de Hacienda detalló que el empréstito “podrá impulsar la estabilidad macroeconómica, fortalecer la capacidad de respuesta ante la pandemia, proteger a los grupos vulnerables y el empleo; impulsar la reactivación económica mediante acciones que ayuden a las empresas con liquidez en el corto plazo”.
El préstamo, que se encuentra enmarcado en la emisión de deuda de $2000 millones que avaló al Gobierno la Asamblea Legislativa el pasado mes de mayo, deberá pasar por tres votaciones: autorización, ratificación y asignación presupuestaria, estas dos últimas, con 56 votos del Pleno.
Actualmente, los Diputados se encuentran en la tercera fase de otro crédito del Banco Interamericano de Desarrollo por $250 millones, que será utilizado para financiar salarios de médicos destacados en el Hospital El Salvador, adquisiciones agrícolas, fideicomiso para los pagos de planillas de las micro, pequeñas y medianas empresas; pensiones de veteranos y el Fondo de Desarrollo (FODES).
De acuerdo a un reporte del Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, el Gobierno ha gestionado cinco paquetes, entre préstamos y bonos por $954 millones, que aún no han entrado a discusión en la Comisión de Hacienda del Congreso por “falta de voluntad política”.
