A la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa llegó una nota de la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar el expediente legislativo en el que el Ministerio de Hacienda pidió asignar más de $23 millones al Ministerio de Agricultura por haber utilizado sus fondos internos para la compra de granos básicos en Sinaloa, México, en el marco de la pandemia.
Los diputados han señalado las transferencias monetarias de esta compra como una ilegalidad, pues si no existía una línea presupuestaria, solo podía realizarse con aprobación del Parlamento, así también, alegan que se utilizaron fondos intransferibles como los salarios, datos que contiene el expediente que requiere la FGR.
Además, el FMLN interpuso un aviso de investigación contra el MAG ante el Ministerio Público, por el posible cometimiento de delitos en operaciones presupuestarias y financieras.
Según la solicitud de la cartera de Hacienda, el MAG reorientó temporalmente los fondos «bajo el compromiso que dichas asignaciones le fueran reintegradas, puesto que de no hacerlo, se generaría un desfinanciamiento crítico para cubrir remuneraciones y otros gastos indispensables para la continuidad de la prestación de los servicios de ese ramo”.
Dentro de estos fondos se encuentran 7.7 millones destinados al pago de salarios de empleados del Ministerio, lo que fue utilizado para financiar los anticipos de contratos por la compra de granos básicos.
De acuerdo con los diputados, hay cuatro posibles ilegalidades por incumplimiento a las atribuciones del artículo 228 de la Constitución de la República y a los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica de Administración Financiera El Estado (AFI) al realizar estas transferencias presupuestarias.