Representantes de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) se refirieron a la reciente reforma que realizó el Órgano Ejecutivo al reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), donde se autoriza que los procesos de libre gestión y compras directas se realicen por correo electrónico.
Esto sin la obligación de exigir la oferta o cotización en original y documentación en físico a los participantes durante la evaluación y al momento de formalizar la obligación con el oferente adjudicado;es decir, el contenido de las ofertas recibidas por correo solo sería conocido por la institución que solicita el bien o servicio.
«La reforma hecha a la LACAP es un retroceso de transparencia y rendición de cuentas, es bueno destacar que esta reforma se hizo de manera inconsulta y de manera repentina, esto puede llevar a una inconstitucionalidad», señaló la Investigadora del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, Marjorie Trigueros.
Por su parte, el Director de referido departamento de la fundación, Javier Castro, expuso que esta reforma le corresponde a la Asamblea Legislativa, por lo que el Ejecutivo habría excedido sus facultades constitucionales.
«Nos parece que puede haber opacidad y falta de transparencia», añadió.
Además, los miembros de FUSADES hicieron referencia al Informe de Coyuntura Legal e Institucional del primer semestre de 2020 que dieron a conocer este lunes.
En este se mencionan aspectos sobre la transparencia en este periodo, mismo que fue impactado por la pandemia de COVID-19, donde se señala «opacidad y cuestionamientos por abusos de fondos públicos durante la pandemia», así como amenazas contra la libertad de expresión y de prensa.
Además, destaca que en el Estado de Derecho hubo graves atentados contra la Constitución al referirse a la militarización de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero por la exigencia de aprobación de un préstamo, así como en la pandemia.
Bajo este último aspecto, indicaron que se sancionó con cuarentena, se decretaron por el Gobierno los régimen de excepción fuera de sus facultades.
Por otra parte, se plasmaron críticas a la Asamblea Legislativa por la falta de rigurosidad en la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República; así como pasividad en la Sección de Probidad para iniciar procesos por enriquecimiento ilícito.