FGR acusan a dirigentes de sindicatos de la CSJ de Desórdenes Públicos y bloqueo del trabajo judicial

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este martes el requerimiento de acusación contra de ocho miembros de tres sindicatos adscritos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por los delitos de Desórdenes Públicos y Ejercicio Violento del Derecho.

Los involucrados son: Roswal Gregorio Solórzano Hernández, a quien se le suma la imputación por Apología del Delito; Roxana Estela Gómez De Joma, Domingo De Jesús Rivas Hernández, Julio César Maraver, Vanessa Guadalupe Arias Cornejo, Joaquín Adilio Rodríguez, Reina Maribel Sigarán de Lemus y Rubén Stanley Quinteros Tobar.

La acusación contra los sujetos centran en varios hechos realizados en diferentes fechas:

  • El 19 de marzo de 2020,  miembros de los Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras del Órgano Judicial (SITTOJ), Sindicato de Empleados Judiciales (SINEJUS), de Empleados y Empleadas Judiciales 30 de junio (SEJES 30 DE JUNIO) de manera simultánea cerraron los accesos a las instalaciones de la CSJ, impidiendo la entrada de empleados y usuarios a las instalaciones del Centro Integrado de Derecho Privado Social, Edificio de Oficinas Administrativas y Jurídicas de la Corte, el Palacio Judicial, Centro Judicial “Isidro Menéndez”, entre otros a nivel nacional.

  • El segundo acontecimiento se registró el 10 de junio de 2020, donde se difundió, a través de Twitter de la cuenta denominada «Revista Rectum», un video en el que observa a Roswal Solorzano -Líder de SITTOJ- haciendo un llamado a varios movimientos, organizaciones sociales, laborales, a la sociedad civil, al pueblo salvadoreño, a la “insurrección popular”.

    En el material audiovisual se ilustra que Solórzano incitó a “salir y ajustar cuentas con la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional”.

Dicho mensaje fue recibido por distintas organizaciones sindicales, y se consumó el 11 de junio pasado con protestas en la Alameda Juan Pablo II en la capital, que se prolongó durante seis horas. La FGR tiene reparos contra la organización porque obstruyó «la libertad de tránsito de la población en general, bloquearon los accesos al Instituto de Medicina Legal y a los edificios antes señalados».

  • Las medidas de presión continuaron el 25 de junio del presente año, con el cierre del Centro Judicial y el Centro de Derecho Privado y Social, afectando la celebración de audiencias y diligencias judiciales.

  • El 29 de junio de este año, también, volvieron a cerrar ambos centros, sin embargo, esta acción fue realizada por SINEJUS, SEJES 30 DE JUNIO, afectando la labor de la judicatura.

El requerimiento de acusación fue presentado al Juzgado de Paz de turno en la capital, quien decidirá fecha y hora de la intimación de los involucrados y posterior audiencia.